Ciudad de Panamá, 28 mar (EFE).- El presidente panameño, Laurentino Cortizo, dijo este lunes que el 50 % de los 375 millones de dólares anuales que el fisco espera recibir como ingreso mínimo por la actividad de una gran mina de cobre de capital canadiense irán al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del Seguro Social, del que sale el pago a los jubilados y pensionados.
En un mensaje a la Nación, el presidente panameño dijo que el proyecto de nuevo contrato ley con Minera Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), ya está listo y será presentado a la empresa para que, una vez firmado, sea enviado al Parlamento para su aprobación.
El Ejecutivo panameño decidió que el 50 % de los ingresos mínimos anuales por concepto de regalías e impuesto sobre la renta (ISLR) de la mina se destinará para IVM de la Caja de Seguro Social (CSS).
Otro el 20 % de esos ingresos mínimos de 375 millones de dólares anuales por la actividad de la mina de cobre serán empleados para que «ningún jubilado o pensionado reciba menos de 350 dólares mensuales», una medida que beneficiará a 110.675 personas, afirmó el jefe del Estado.
Estos anuncios tienen lugar luego de que un diálogo nacional instalado a inicios de 2021 no ha logrado soluciones para el deficitario sistema de pensiones, una discusión que se ha desarrollado en medio de duras críticas a la administración de la Caja de Seguro Social (CSS).
Otro 25 % de los ingresos procedentes de la mina de cobre, una de las más grandes del mundo a cielo abierto, serán destinados a los distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón y áreas colindantes con el proyecto minero, de los cuales un mínimo del 95 % será para proyectos de inversión y solo hasta el 5 % para funcionamiento.
Y el 5% de los ingresos mínimos anuales serán para crear el Instituto de Estudios para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente, con el objetivo de actualizar la teoría y la práctica de la enseñanza en el país, que se sitúa a la cola de todas las evaluaciones educativas internacionales.
Los «intereses nacionales han sido debidamente garantizados en los acuerdos alcanzados» para el nuevo contrato minero, que asegura a Panamá «ingresos justos» por la extracción de cobre, aseveró Cosrtizo.
«Los ingresos anuales en regalías e impuesto sobre la renta que recibirá el país son importantes: 375 millones de dólares anuales como mínimo», sostuvo.
Tras unas negociaciones que comenzaron en septiembre pasado, el Gobierno de Cortizo y Minera Panamá alcanzaron en enero un acuerdo para firmar un nuevo contrato que elevó de 2 % a entre 12 % y 16 % las regalías e impuso un nuevo régimen tributario a la mina, según se anunció entonces.
El hecho de que el Supremo declaró en el 2018 inconstitucional una ley de 1997 que avaló la concesión dejó sin piso jurídico a la mina, que en ese contexto comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019, por lo que el Ejecutivo se decantó por negociar un nuevo contrato.
Ubicada en el distrito de Donoso (Colón), la mina Cobre Panamá es la «inversión privada más grande del país», con unos 6.700 millones de dólares, argumentó el Gobierno panameño, duramente criticado por los ambientalistas que han pedido que se declare una moratoria a la actividad minera en el país.
El fallo del Supremo de 2018 dio respuesta a un recurso presentado nueve años antes por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) al considerar que el proyecto era lesivo para el Estado y para los recursos naturales del país. EFE
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