Ecuador captará 1.300 millones de dólares de inversión en exploración minera hasta enero de 2022, esto según los datos que reveló el viceministro de Minas ecuatoriano, Fernando Benalcázar, en el encuentro internacional «Digital Latin American Mining Summit».
El viceministro ecuatoriano avanzó que hasta 2022 se espera que las inversiones alcancen al menos esa cifra, de acuerdo a los compromisos adquiridos en el proceso de subasta o ramate, y que el 98% de las inversiones en exploración minera proceden de capitales canadienses y australianos.
«Ecuador se ha convertido en el país atractivo para la exploración minera, debido a su gran potencial geológico y a las condiciones favorables que el Estado ha desarrollado para captar este tipo de capitales», manifestó el la cita virtual, en la que intervinieron sus homólogos de Colombia, Perú y México.
La industria minera en la región ha experimentado un aumento de inversiones por el potencial natural que posee, de hecho, nueve de las diez minas más grandes productoras de cobre de 2019 están en América Latina.
Estudios internacionales estiman que en 2020 y debido a la crisis global provocada por la COVID-19, la inversión en exploración minera será de 6.900 millones aproximadamente a escala mundial, una de las cifras más bajas en los últimos catorce años.
Sin embargo, las empresas que se encuentran en etapa de exploración minera en Ecuador, «han mantenido sus inversiones y en otros casos las han incrementado, mostrando la confianza y seguridad en el país, especialmente las empresas canadienses», indica un comunicado emitido hoy por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Antes de la explotación, el Estado ecuatoriano exige la realización de un proceso de búsqueda inicial, que puede prolongarse hasta cuatro años y contempla la recolección y análisis de muestras, que identifiquen la existencia de cuerpos mineralizados.
Una vez existe la certeza de que la zona posee elementos como oro, plata o cobre, comienza la etapa de exploración avanzada, para conocer más detalles sobre las dimensiones y composición de la mineralización en el subsuelo.
Por último, llega la evaluación económica, que determina si el yacimiento puede ser explotado de una manera rentable, técnica y ambiental, proceso que también puede durar hasta cuatro años.
La legislación minera en el país estipula, además, que los inversionistas disponen de doce años para desarrollar esas labores.
En 2018, el sector minero captó el 53,13% de la inversión extranjera directa y en 2019 alcanzó el 42,11%, siendo la actividad económica que más capitales ha atraído al país del exterior.
Varios sectores sociales, entre ellos colectivos de indígenas amazónicos, entre otros, rechazan frontalmente cualquier actividad extractiva, al considerar que la minería destruirá su hábitat natural y forma de vida, e incluso se impulsaron iniciativas para que se prohíba la actividad a nivel regional y nacional.
Inti Arcos, representante de Biosfera Chocó Andino Pichincha, mencionó el mes pasado en una comparecencia que las concesiones afectarían zonas de alta biodiversidad, especialmente «el agua y alimentos de 64 comunidades y seis cabeceras parroquiales».
