En el país, hay 84 conflictos mineros, 44 de ellos activos y los restantes latentes, según datos del último reporte de la Defensoría del Pueblo. A su vez, dentro de este universo de casos, en 11 de ellos hay rechazo a la actividad minera. Es decir, las personas no quieren que esta actividad se realice dentro de sus territorios, como en el caso del conflcito en Ayacucho.
El viernes 5, una turba ingresó a la unidad minera Apumayo, en Ayacucho, robó y luego le prendió fuego, durante el segundo día de paro indefinido. Una situación terrible.
El gerente general de la empresa, Guillermo Shinno, señaló que la mina permanecerá paralizada al menos un mes. Ello, para realizar las labores de limpieza y para poder conseguir los equipos con que reemplazar los destruidos.
“Pero más allá de eso, no podemos reiniciar si la integridad de la vida de las personas va a seguir en peligro y, para eso, necesitamos las garantías por parte del Gobierno central”, indicó.
Una semana después de ocurrido los hechos de violencia, la empresa sigue evaluando la magnitud de los daños. El primero es que, al dejar de funcionar, se han perdido tres mil puestos de trabajo de personas que le brindaban bienes y servicios de manera directa e indirecta. Estos proveedores son, generalmente, personas de la comunidad cercana a la operación minera.
Sumado a ello, hay 25 campamentos mineros quemados y siete edificaciones en la misma situación (grifos, laboratorios clínicos y más) Asimismo, el fuego destruyó 50 volquetes, diez buses y maquinaria pesada.
[¿A cuánto ascienden las pérdidas diarias por dejar de operar?] “Yo iría por el lado del Gobierno. El año pasado hemos contribuido entre los distintos impuestos alrededor de 56 millones de soles. Eso, en promedio, estamos hablando de cinco millones mensuales que dejaríamos de aportar”, señala Shinno.
Los actos de extrema violencia registrados en Apumayo ocurrieron en el contexto de una seguidilla de conflictos mineros. Unos días antes, por ejemplo, en Áncash, comuneros de Aquia bloquearon una vía en protesta contra la empresa minera Antamina.
Y, anteriormente, los comuneros de Cotababambas, en Apurímac, también habían bloqueado un tramo del corredor minero del sur del país en protesta contra la mina Las Bambas.
-El panorama nacional-
Por la cantidad de casos, los cinco primeros puestos donde se concentran los conflictos son Áncash, Cusco (cada una con 11 casos), Cajamarca (8), Apurímac, Pasco (7), Lima provincias, Puno (6), Ayacucho y La Libertad (4).
Las estadísticas de la Defensoría muestran que, en los tres últimos años, los conflictos han aumentado. En setiembre del 2019, habían 78 casos, y, como se mencionó líneas arriba, ahora son 84.
Las empresas involucradas con los conflictos son, en primer lugar, Las Bambas (9 casos), en segundo lugar, Southern Peru Copper Corporation, Compañía Minera Antamina (4 casos cada una), y, en tercer lugar, Nexa Resources Peru, Hudbay Perú, Compañía Minera Raura, Compañía Minera Antapaccay y Aruntani (3).
Los reclamos de la población son por supuestos incumplimientos de compromisos o la firma de nuevos convenios con las empresas mineras, cese de actividades u oposición a las mismas por temor o contaminación de los ríos, renegociación de tierras vendidas, por proyectos de inversión, por la presencia de mineros informales en sus territorios, entre otras cosas.
En comunicación con El Comercio, el comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Luis Alvarado, señala que, en el panorama minero nacional, los conflictos representan una pequeña cantidad. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, indica, hay 995 unidades mineras en actividad en el país y los conflictos solo están presentes en el 8% (84) de ellas.
Sin embargo, pese a su número reducido, cuando estallan, su impacto es bastante fuerte. “El conflicto afecta la gobernabilidad incluso nacional, en algunos casos han caído gabinetes o ministros. Todo conflicto, sobre todo, violento tiene unos costos sociales y económicos muy altos”, describe.
-Las causas-
Para el exministro Carlos Herrara Descalzi, detrás de la seguidilla de conflictos mineros registrados hace unos días habría terceros que intentan aprovecharse de la situación. “Creo que hay un tipo de organización que se encarga de coordinar las protestas mineras”, opina.
Recordó que hace unos años, por ejemplo, en una protesta contra una empresa minera se identificó a unos abogados como las personas que azuzaban a los manifestantes a cambio de cobrar una parte del dinero que estos le pedían a la firma.
No obstante ello, el exministro subraya que el problema de fondo es que hay una gran diferencia entre las condiciones de vida de las personas que habitan en las comunidades frente a los trabajadores de los centros mineros ubicados en los alrededores de sus zonas.
Explica que los trabajadores mineros se encuentran entre las personas con los salarios más altos en el país, lo que impacta en su calidad de vida. Esto se basa en que son trabajadores calificados, con estudios, entrenamiento y experiencia, por lo que la cotización de su trabajo es elevado. Estos trabajadores usualmente están vinculados por años a las empresas mineras, que los trasladan a diversos lugares donde realizan sus operaciones.
Indica que a las minas les convendría contratar mano de obra cercana a sus actividades, sin embargo, no encuentra personal calificado, debido a que la formación en las comunidades es distinta.
Otra situación, describe, es que las comunidades esperan que las empresas les compren sus productos al ser productores de alimentos. Sin embargo, agrega, no lo hacen porque, por más que sean productos de calidad, no cuentan con certificaciones sanitarias y las empresas deben cumplir con estándares de calidad nacionales e internacionales.
Por otro lado, señala que los recursos que recauda el Estado por la actividad minera no llega a las comunidades. “Me encontré, por ejemplo, hace años, siendo ministro y viendo directamente el caso de Antamina, la queja de las comunidades, que consistía en que el Gobierno Regional de Áncash no les daba un centavo. Además, ellos le pedían al gobieno regional y este les hacía ofreciemientos, pero no les cumplía, y ellos comienzan a hacer su protesta”, señala.
Todas estas situaciones conllevan a que las diferencias entre unos y otros persistan.
Descalzi subraya que, frente a ello, el Estado debe intervenir. “Hay reclamos que considero que son legítimos. La gente tiene derecho a vivir mejor, especialmente si tiene una zona de riqueza alrededor. El Estado debería conversar con las empresas para ver, primero, [la forma] de darle trabajo a la gente que está alrededor, que requiere entrenamiento, qué se necesita. El Estado podría preocuparse, ya que cobra tremendos impuestos de las empresas, de que tengan los servicios básicos, como sanidad, educación, salud, como mínimo eso”, opina.
El exministro no niega que haya reclamos basados en la contaminación minera, sin embargo, señala que la regulación en esta materia es fuerte para la gran minería y que las empresas ubicadas en esta categoría están sometidas a fiscalización en el país y en el extranjero, tanto de donde provienen sus capitales así como de los lugares a donde llevan sus productos.
Sin embargo, agrega, este mismo nivel de exigencia en la regulación no está presente en la mediana, pequeña y la minería artesanal, y es ahí donde el Estado debe normar.
Para Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petroleo y Energía (SNMPE), los conflictos se generan en gran medida por la falta de capacidad del Estado para usar de manera efectiva los recursos que capta de la actividad minera para cerrar las brechas de acceso a servicios básicos que en las zonas de influencia minera.
En la última década, agrega, la minería ha transferido casi 40 mil millones de dólares y, de ese monto, apenas se ha invertido el 60%. Además, solamente el 25% de esa inversión fue destinado para costear proyectos en salud, educación, agua y saneamiento, por los gobiernos subnacionales
Según estimaciones de la SNMPE, este año se registrará un récord histórico en la recaudación minera en el país, casi tres veces a lo recaudado el año pasado y dos veces y media a lo del 2019. El monto ascenderá a casi 12 mil 500 millones de soles.
“Los recursos están disponibles, pero el Estado no logra hacer efectiva la inversión necesaria para mejorar el bienestar de la población. Eso lo que hace es alimentar la frustración y se convierte en el caldo de cultivo en que se nutre la conflictividad”, señala De la Flor.
Enfatiza que el enorme desafío se encuentra en mejorar las capacidades de los gobiernos subnacionales para que puedan gastar efectivamente los recursos procedentes de la minería para cerrar las brechas en servicios básicos y así salir de la espiral de conflictividad.
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Reitera que se debe priorizar el gasto en obras importantes (salud, educación y agua y saneamiento) y no se debe estar desperdiciando los recursos en la contratación de consultores, en la construcción de plazas, estadios o instalaciones deportivas.
Sobre las denuncias relativos a contaminación de los ríos por relaves mineros, aseguró que las empresas asociadas a la SNMPE mantienen tiene un especial cuidado del medio ambiente y de relacionarse de manera constructiva y positiva con las comunidades y que no podía hablar por otras empresas.
-Propuestas de cambios-
El exministro Herrera Descalzi considera que se debe rediseñar la distribución del canon minero. Las regiones que reciben más dinero por este concepto, argumenta, deberían tener una mejor infraestructura, pero la realidad muestra que esto no es así. Los gobierno regionales -continúa- consideran que el dinero es para ellos, no lo invierten en las comunidades sino que lo gastan en obras irrelevantes, que sirven para la corrupción: se paga cosas que no se reciben, se hiperpaga y, además, son ineficientes, porque encima de todo, el dinero regresa de las regiones al Estado.
“Yo no les daría dinero, lo que haría es darles las obras, que ellos escojan cuál obra, pero que el pago no salga de las cajas de ellos, sino que salga de otro lado, para que reciban hasta el monto que pueden ejecutar obras, pero que se preocupen de hacer proyectos, no dar pie a la corrupción y a la ineficiencia”.
Pablo de la Flor señala que la SNMPE está planteando una modificación del régimen del canon minero porque considera que la ley en este tema tiene “vicios y yerros” y estos se tiene que corregir para mejorar el sistema distributivo y la ejecución de los recursos.
-Debilidades-
Uno de los problemas detectados por la Defensoría sobre la resolución de los conflictos es que no hay una rendición de cuentas cuando hay cambios en las autoridades que participaban en las mesas de diálogo. Esta situación conlleva a que se vuelvan a tratar los mismos temas, ahora con las nuevas autoridades, o que se abran las agendas y se incluyan nuevos pedidos.
“El hecho que no haya una gestión del cumplimiento de los acuerdos, independientemente de la autoridad o actor que esté presente, hace que nuevamente se retroceda en cuanto al avance alcanzado en el diálogo y eso no contribuye a que este proceso pueda avanzar”, subraya Alvarado.
Invocó al Gobierno a recuperar la institucionalidad para el diálogo y así atender los conflictos. Enfatizó que quienes deben intervenir son el Viceministerio de Gobernanza Territorial (VGT), a través de su Secretaria de Gestión y Diálogo; y el Ministerio de Energía y Minas, vía su Oficina General de Gestión Social.
Sin embargo, precisó que, por ejemplo, desde el 2017, cuando se creó el VGT en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), han pasado siete viceministros en esta institución y, recientemente, con la salida del expremier Guido Bellido, se sumó el octavo y todavía está pendiente que se designe a su sucesor. Por ahora quien ha reemplazado de manera temporal en el cargo al exviceministro Braulio Grajeda es el secretario general de la PCM, Luis Francisco Gonzales Norris.
En cuanto a secretarios de Gestión y Diálogo, en ese mismo lapso, han pasado 13 personas por ese cargo.
En esa misma línea del representante de la Defensoría, el exministro Herrera Descalzi también menciona que hay un problema en la institucionalidad para tratar los conflictos mineros. Señala que los cambios constantes de las autoridades ocasiona que se pierda personal identificado con la institución, capacitado y con experiencia en la negociación de estos temas.
En su opinión, cuando se cambia un ministro, no se debería cambiar a los viceministros. No obstante ello, esto se podría aceptar, agrega, mas no que se cambie a los directores y demás personal técnico, salvo por corrupción o incapacidad probada. Lo que ocurre en la realidad, anota, es que este personal es removido por la autoridad de turno, quien coloca a las personas que lo apoyaron en campaña o a sus amigos y, para agravar la situación, son personas que desconocen los temas e ingresan a aprender.
“Esa experiencia que debería tener el Estado se va al tacho de basura porque a cada rato cambian a las personas. Entra un gobierno y cambia a todo el mundo, ahorita parece que están haciendo montones de cambios”, cuestiona.
Además, señala, desde la vez que un primer ministro acudió a resolver un conflicto, esto se ha hecho una mala costumbre, y ahora los manifestantes solo quieren dialogar con el premier, incluso directamente con el presidente de la República para levantar sus protestas.
“La gente que realizó primero esas medidas no midió las problemas que le iba a traer al Estado, porque si va el primer ministro, el ministro no cuenta, y si va el ministro, el viceministro no cuenta. La idea es estos temas sean arreglados a nivel de directores generales, o sea, a nivel técnico y no político”, menciona.
-Asegura nuevo enfoque-
En su presentación en el Congreso por el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside, la primera ministra Mirtha Vásquez refirió que el Gobierno viene afrontando los conflictos sociales de una manera diferente. Enfatizó que el error ha sido acercarse a estos cuando estallan, policializando y reprimiendo la protesta, con personas heridas y muertas como saldo, en algunos casos.
Aclaró que no se soluciona el conflicto yendo a la zona a conversar con las personas cuando estos casos estallan, sino lo que se está haciendo es desescalar su intensidad y así generar el escenario para tratar esta situación de un modo distinto. Sin embargo, agregó, el error es creer que con ese acto ya se atendió el problema.
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Vásquez enfatizó el rol de la gestión de los conflictos y la institucionalidad para atenderlos. Dijo que como primera ministra podría ir a las zonas en conflicto, pero tendría que dedicarse a eso y todavía así no le alcanzaría el tiempo para atender todos los casos, y que para eso el Estado cuenta con el Viceministerio de Gestión Territorial.
“Hay una institucionalidad que respetar, hay una metodología que tenemos que mejorar, y este Ejecutivo está empeñado en asumir este tipo de tratamiento diferente, con un diálogo sincero, genuino, sin levantar expectativa porque eso también genera conflictos, cuando vamos y ofrecemos a la comunidad cosas que no se pueden cumplir”, expresó.
Anotó que todos los actores deben participar en la resolución de los conflictos, incluido las mineras. “Es la empresa muchas veces parte del conflicto, tiene que ser parte de la solución”, señaló.
-En vías de solución-
Luego de semanas de conflictos mineros, con paros indefinidos y toma de carreteras, estas acciones se han depuesto después de que el Gobierno instaló mesas de diálogo o se comprometió en hacerlo. La más reciente reunión de trabajo en este espacio sucedió en Aquia, el último viernes, por el caso Antamina. En ella se acordó que este lunes las partes se volverán a reunir para tratar el cronograma, los lineamientos y la metodología de trabajo.
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