“Se hace presente que el Proyecto Los Bronces Integrado de Anglo American Sur S.A. no se podrá ejecutar y que los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental no podrán otorgar las correspondientes autorizaciones o permisos, con cuando satisfagan los demás requisitos legales, en tanto no se les notifique pronunciamiento en contrario”, finaliza Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de 377 páginas dictada en la noche de este lunes por la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, que rechazó el Estudio de Impacto Ambiental de un megaproyecto de US$ 3.000 millones que la minera pretende desarrollar en la zona cordillerana de las regiones V y Metropolitana.
Con ello, Durán ratificó el rechazo que propuso el SEA a través del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) emitido el pasado viernes 22 de abril. Contra esta decisión solo procede ahora un recurso de reclamación que debe ser presentado ante el Comité de Ministros en un plazo de 30 días desde la notificación de la resolución.
Aquella alternativa será analizada ahora por Anglo American Sur, una empresa controlada por Anglo American (50,1%), el consorcio Codelco-Mitsui (29,5%) y la japonesa Mitsubishi (20,4%), ubicada en un distrito que, destacó la empresa, se han identificado recursos potenciales de cobre que equivalen al 30% de los recursos de Chile y 10% del mundo. “Anglo American se encuentra analizando la RCA y espera continuar el proceso de permisos que establece el marco regulatorio y que incluye la posibilidad de solicitar una revisión por parte del Comité de Ministros”, dijo la firma en un comunicado esta noche.
“Esperamos tener la oportunidad de aportar la información y las iniciativas que las autoridades estimen necesarias para continuar avanzando hacia la aprobación de este proyecto que, creemos, instala un nuevo paradigma en la forma de hacer minería en Chile”, dijo Aaron Puna, presidente ejecutivo de Anglo American en Chile.
En su resolución, la directora del SEA argumentó que el proyecto presenta una serie de falencias en materia ambiental. “El titular no determina adecuadamente el área de influencia del componente calidad del aire del proyecto, y tampoco entrega información suficiente que permita descartar el riesgo a la salud de la población”, concluyó la resolución de la abogada que asumió la jefatura del SEA.
Entre los reparos que presentó la autoridad al proyecto figura el “riesgo a la salud de las personas por emisiones de material particulado respirable fino MP2,5″.
“Las fuentes emisoras de material particulado y gases de la fase de Operación del Proyecto, corresponden al transporte de material (mineral y lastre), cargas y descargas de material, movimiento de material por maquinaria, perforaciones, tronaduras para operación de rajo Los Bronces y caserones en mina subterránea, erosión eólica, combustión de maquinaria y combustión vehicular”, acotó.
“En el presente proceso de evaluación se verifica que el Titular no determina adecuadamente el área de influencia del componente calidad del aire del proyecto, ni entrega información suficiente que permita descartar el riesgo a la salud de la población”, sostuvo la RCA que cuenta con 377 páginas.
Anglo American respondió que sobre la generación de material particular en un segmento de la ruta G21 en ciertos momentos de la construcción y la operación, propuso un plan de mitigación que incluye compensaciones por el 120% de las emisiones que se generarán, un programa que considera el recambio de calefactores a leña por sistemas de calefacción eléctricos para 900 viviendas y la implementación de planes de manejo forestal por cerca de 10 mil hectáreas. Además, propuso otras medidas como el uso de vehículos eléctricos en la Ruta G21 y la pavimentación de 30 kilómetros de vías locales. “El conjunto de medidas es capaz de abatir el equivalente a 70% de las emisiones del gran Santiago”, manifestó la compañía.
Tras la dictación del Informe Consolidado de Evaluación que propuso el rechazo del Estudio Ambiental, la gerente legal de Anglo American Chile, Alicia Undurraga, solicitó a la directora ejecutiva la suspensión del procedimiento administrativo de evaluación ambiental por 20 días, a fin de realizar una evaluación técnica de las observaciones ciudadanas recibidas, pero su petición fue desestimada el 29 de abril.
En esa respuesta, Valentina Durán recordó que en el proceso de evaluación ambiental, el 4 de noviembre de 2019, se publicó el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA) del proyecto. Luego, el 12 de noviembre de 2020, se publicó el ICSARA Complementario y el 9 de julio de 2021, se publicó el ICSARA Excepcional de la iniciativa.
En el marco de dicho proceso, el 12 de enero de 2022, la Dirección Ejecutiva del SEA decretó la apertura de un nuevo proceso de participación ciudadana por modificaciones sustantivas del proyecto, debido al aumento en la magnitud y extensión de los impactos generados por las emisiones relacionadas a MP 10 y MP 2,5 sobre receptores humanos. En ese proceso, determinó, se recibieron 205 observaciones ciudadanas admisibles.
El 18 de marzo de 2022, el SEA decretó la suspensión del procedimiento durante 20 días debido a la alta complejidad técnica. La directora del SEA consideró que ese plazo constituye “tiempo suficiente para ponderar y responder las observaciones ciudadanas presentadas, atendiendo el número de observaciones y la dificultad técnica de las mismas”.
“No solo se interpone en una instancia no considerada en la normativa aplicable, sino que contiene, a su vez, información y documentos no presentados con anterioridad, en el marco de la evaluación ambiental, no siendo posible considerar su presentación para efectos de la evaluación ambiental del proyecto”, acotó la misma resolución.
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