El Ecuador espera para el año 2024 elevar en un 200% las exportaciones mineras, de acuerdo al plan nacional minero 2020-2030 que contempla seis ejes para cumplir las metas e indicadores trazados para su desarrollo.
El documento preparado por el ministerio de recursos naturales no renovables y de minas, el Plan espera para el año 2024 las exportaciones mineras de Ecuador superen el 200 por ciento. Además que se produzca una variación del 75% del Producto Interno Bruto del sector respecto año 2019 y una variación del 61% de la recaudación tributaria.
Respecto a sostenibilidad ambiental y social, el Plan pretende que, para el año 2024, se alcance el 100% de la difusión de la política pública minera para generar las condiciones idóneas de gobernanza y gobernabilidad necesarias para el desarrollo de los proyectos mineros. Según el texto del documento “ la gobernanza se refiere a la calidad de respuesta que ofrece el Estado, mientras que la gobernabilidad se basa en la capacidad técnica y política con la que el Estado cuenta para dar solución a las demandas de la sociedad.”
Asimismo, se espera que para el año 2024 se alcance el 64,23% del territorio nacional evaluado en cuanto a la disponibilidad de recursos minerales en áreas no exploradas a escala 1: 50 000 – 1: 100 000.
Para alcanzar estos metas se deberán cumplir seis ejes: que la industria del sector sea relevante para la economía nacional, que se apliquen buenas prácticas ambientales y de salud, promover la investigación, innovación y el emprendimiento para el desarrollo del sector, una administración pública articulada, regular y combatir la minería ilegal fortaleciendo la administración y el control del Estado.
Dentro de los objetivos estratégicos el Plan busca posicionar y promover mayores niveles de inversión con un desarrollo competitivo y sostenible; armonizar las relaciones entre los diversos actores mineros, mediante mecanismos de participación y diálogo, garantizando una efectiva participación ciudadana; promover la adopción de buenas prácticas ambientales y de seguridad ocupacional en la industria minera que garantice un aprovechamiento integral y responsable de los recursos minerales.
Asimismo, busca desarrollar procesos de planificación especial en áreas de influencia de proyectos de trascendencia nacional y zonas económicas de desarrollo especial, con consulta previa, libre e informada, veeduría ciudadana y control social; generar catastros e información de base territorial confiable; fomentar la exploración y prospección en el espacio oceánico y marino costero y promover la generación de la normativa referente a los procesos de consulta previa a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, para los casos en los que las decisiones o autorizaciones gubernamentales puedan influir en territorio.