La venta de la mina Cobriza (Huancavelica) se tambalea nuevamente. Hoy se supo que dos de los tres postores interesados en adquirir la mina de cobre se retiraron de carrera cuando faltan pocos días para que se celebre la Junta de Acreedores de Doe Run Perú, en la que se decidirá la oferta ganadora (4 de julio).
Se trata de la empresa de capitales peruanos Biomediate Minerals SAC, que ofrecía US$ 22′500.000 por la unidad minera.
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Y también de “una empresa de Dubai, que estaba ofreciendo US$24 millones”, reveló Héctor Iriarte, gerente general de Consultores A-1, liquidadora de la empresa minera, en entrevista con Radio Máxima de La Oroya.
Ambos postores, explicó el funcionario, se retiraron por temor al clima de agitación social que impera en el distrito de San Pedro de Coris, donde desarrolla sus operaciones la unidad minera.
De acuerdo a Iriarte, esta falta de seguridad jurídica obligó a que el postor peruano se “tirara para atrás” hace unos días.
“Lamentablemente, la empresa de Dubai nos informó también que estaban retirando su propuesta por la convulsión social y el hecho de que (los comuneros) hayan ingresado a la mina y quemado la faja transportadora”, indicó.
Añadió, no obstante, que ha recibido la propuesta de un postor de último momento y una nueva oferta de la canadiense Cobre Los Andes, empresa que no logró pasar el escrutinio de la Junta de Acreedores en mayo pasado debido al veto de Doe Run Cayman, que tiene voto preferente en la junta.
“En el caso de Cobre Los Andes, estamos siendo más exigentes con la finalidad de que nos digan si Sprott Resource Holdings (fondo canadiense que respalda a la empresa) los valida y sigue apoyando”, refirió Iriarte.
Puntualizó que con todo esto llegarán a la Junta de Acreedores del 4 de julio para que esta decida.
CONTRA EL RELOJ
Para allí no acaban los problemas para el liquidador concursal.
Y es que este se encuentra corriendo contra el reloj – el plazo vence el 30 de junio – para cancelar los US$3 millones que Doe Run adeuda al estado peruano por concepto de derecho de vigencia y penalidad correspondientes a las 59 concesiones que conforman la mina Cobriza.
“Tenemos que salvar las concesiones porque no es cierto (como dicen las comunidades de San Pedro de Coris) que estas ya están pagadas o que no las vamos a perder. Si no pagamos las perderemos todas y Cobriza no valdrá nada para nadie”, comentó.
Señaló que, si eso ocurre, las concesiones revertirán al Estado peruano y no a las comunidades campesinas, como muchos comuneros podrían estar imaginando.
El resultado, advirtió, podría ser una situación parecida a la que hoy se vive en el sur de Arequipa, donde la población y los mineros ilegales se matan entre ellos por la posesión de los terrenos mineralizados.
Para poder pagar el derecho de vigencia, Consultores A-1 decidió reactivar la producción de concentrados de cobre a “carga mínima”, contratando para ello los servicios de Corporación Minera Cobriza (CMC), empresa conformado por ex trabajadores de la unidad minera.
Las comunidades, sin embargo, se oponen firmemente a las operaciones de CMC por considerar que actúa de manera ilegal.
Por esta razón, han solicitado a la Presidencia de Consejo de Ministros, que prohíba la participación de dicha empresa en cualquier actividad relacionada con la mina, y han colocado una tranquera en la repartición de Coris para “controlar la salida y la entrada de vehículos”.
Como consecuencia, el mineral producido en estos días por la empresa contratista no ha podido ser despachado fuera de los lindes de la operación minera, privando a Doe Run de los fondos necesarios para pagar el derecho de vigencia de las concesiones.
“El 30 de junio a las 5:00 p.m. vamos a emitir un comunicado diciendo su hemos podido pagar las concesiones o si las hemos perdido”, anotó Iriarte.
Además…
Nota
CMC aclaró en un comunicado que sí cuenta con los permisos de ley para realizar operaciones mineras y manejar explosivos, pues se trata de un contratista minero debidamente acreditado ante el Minem.
También dejó constancia de que ha producido un lote de concentrados para que Doe Run Perú pueda comercializar y pagar las concesiones que están por vencer el 30 de junio. “Será la alcaldesa (de San Pedro de Coris) la responsable de que no se cumpla este objetivo”, señaló la empresa.
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