Los planes para reanudar la actividad en la mina de níquel de Aguablanca se mantienen, pero la tramitación está dilatando los plazos más allá de lo que habían previsto los empresarios que se hicieron en 2021 con los derechos de explotación del yacimiento. El planteamiento inicial era poder tener en marcha los primeros trabajos a lo largo de 2022 y ahora la idea que se baraja es la de iniciar la actividad en el yacimiento «en cuanto se pueda completar la tramitación y se obtengan todos los permisos», señalan desde Phi4tech, grupo al que están vinculados los empresarios que adquirieron en marzo 2021 los derechos de explotación minera de Aguablanca. Se estiman las reservas en unos 3,4 millones de toneladas, que son de de níquel, cobre, platino y oro, todos ellos materiales susceptibles de ser utilizados para la actividad de la producción de baterías.
Desde la empresa aseguran que están «listos para poder comenzar a trabajar en cuanto tengamos todos los trámites resueltos». Hay que recordar, que Phi4tech lidera además un proyecto de fabricación de supercondensadores en la plataforma logística de Badajoz, además de otro de cátodos en Cañaveral, ligado a la explotación de la mina de litio que hay allí.
El proyecto minero está pendiente de dos trámites esenciales para poder reanudar la actividad. Uno de ellos depende del Ministerio de Transición Ecológica y el otro de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ambos están en marcha, según confirman en la empresa, pero avanzan «con lentitud», especialmente el trámite que depende del Gobierno central. «Nos gustaría que fuera todo más rápido y entendemos que si estuviera en manos de la Junta de Extremadura sería todo más ágil», apuntan.
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico debe pronunciarse sobre la solicitud que presentó la empresa para prorrogar la evaluación ambiental y obtener el permiso de explotación de la mina. El retraso acumulado en ese paso ya llevó el pasado verano a pedir ayuda a la Administración regional para agilizar los trámites; y la Junta se comprometió entonces a abrir un diálogo con la Administración central para asumir las competencias sobre el yacimiento y poder acelerar la puesta en marcha de un proyecto que esperan también en el entorno de Monesterio. Allí la actividad en el yacimiento hasta el 2016 fue un motor esencial para el empleo; pero de momento no hay grandes avances en ese diálogo, según lo que indican las dos administraciones.
La Junta de Extremadura inicia el diálogo
El ejecutivo autonómico afirma que ese diálogo «se ha iniciado, aunque no hemos obtenido aún respuesta», indican desde la Portavocía. Las conversaciones se han abierto con el Ministerio de Transición Ecológica, de quien depende la Subdirección General de Minas; sin embargo la respuesta de este departamento es que el yacimiento de níquel de Monesterio que quiere asumir la Junta es una reserva estratégica del Estado y por tanto no hay diálogo que vaya a alterar esa condición. «La mina es de competencia estatal exclusiva», responden desde el departamento que dirige Teresa Ribera. «Hay otras minas que sí están en manos de la Junta de Extremadura como las de litio», recuerdan en la Administración central .
Empresarios de Phi4tech se hicieron en 2021 con los derechos de explotación de Valoriza Minería
La mina de Aguablanca está catalogada como «Reserva Definitiva del Estado». Es una denominación que se basa en los establecido por la Ley de Minas de 1973 y los reglamentos posteriores que la desarrollan y que da potestad al Estado para decidir sobre la explotación de recursos en zonas concretas de una reserva provisional, y en determinadas por cuadrículas mineras. Esa figura solía usarse también para los yacimientos que afectaban a distintas regiones, para evitar la pugna entre unas y otras. Ese era el caso de Aguablanca, porque inicialmente una parte de la mina entraría en Andalucía, según el proyecto. Pero una vez que se inició la explotación, toda la actividad está en Extremadura. «El 100% del yacimiento y de la mina está en el término municipal de Monesterio, a unos dos kilómetros del límite con Andalucía», dice Antonio Garrote, alcalde de Monesterio.
El otro trámite es responsabilidad de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. «Sabemos que están intentando agilizarlo, pero estas cosas requieren su tiempo», dice también el alcalde.
El gobierno local está en contacto con la empresa y las distintas administraciones para poner en marcha el proyecto. «El cierre de la mina ya fue un mazazo y ahora tenemos una expectativa importante de empleo y desarrollo con la idea de abrirla de nuevo», añade el alcalde. Garrote cree que sería más favorable que la Junta pudiera asumir la competencias sobre le yacimiento «porque no es lo mismo tramitar los permisos en Madrid que en Mérida», aunque confía en que la demora que acumula el proyecto se pueda solventar «en unos meses».
Un motor de empleo que espera la nueva oportunidad
La mina de Aguablanca fue un motor de empleo en la zona que se vino abajo en 2016 con el cierre de la instalación que dejó en la calle a unos 400 trabajadores, 160 empleados directos en la instalación. La empresa que explotaba la mina desde hacía más de una década, Río Narcea ( filial de la canadiense Lundin Mining ), planteó un expediente de regulación de empleo (ERE) para la plantilla tras finalizar en 2015 la explotación a cielo abierto. La empresa pretendía extender hasta 2019 su actividad en la comarca trabajando el subsuelo, pero los planes no prosperaron.
Tras el cierre, vendió en 2017 los derechos a la empresa Valoriza Minería, del grupo Sacyr, que nunca llegó a presentar un plan para reabrir la instalación.
En marzo del 2021 los empresarios Alejandro Ayala, Mario Celdrán e Íñigo Resusta, todos vinculados a Phi4tech, adquirieron la sociedad titular de los derechos, con el fin de retomar la extracción de níquel cuando fuera posible, en pleno auge del precio del metal.
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