El Ministerio del Ambiente (Minam) de Perú emitió un comunicado durante el fin de semana rechazando la aprobación por parte del Congreso del Proyecto de Ley 412, que exonera a empresas mineras que se declaran en quiebra por cumplir con procesos de evaluación ambiental.
La aprobación del proyecto de ley, que también fue criticado por el Poder Ejecutivo, se hizo bajo el concepto legal de ‘insistencia’, lo que significa que no fue necesaria una segunda vuelta. Inicialmente fue presentado por el congresista César Revilla del partido derechista Fuerza Popular.
En detalle, el proyecto de ley establece medidas especiales para empresas en proceso de reestructuración patrimonial. Las medidas se enmarcan dentro de la Ley General del Sistema Concursal.
Luego de su aprobación en sesión plenaria, la ley fue devuelta al Congreso por el poder ejecutivo con una serie de observaciones. Sin embargo, la junta de voceros decidió exonerarlo de las observaciones realizadas por las comisiones de Economía y Energía y someterlo a votación única que concluyó en su aprobación por insistencia.
“Rechazamos enérgicamente el texto aprobado, ya que permite que las empresas mineras en situación económica precaria o en quiebra tengan un argumento legal que afectará la salud de la población y que no garantiza ninguna protección ambiental”, dice el comunicado del ministerio. “Esto también alentará a cualquier empresa de este sector a modificar o incorporar elementos sin aprobaciones ambientales en sus operaciones o planes de cierre de minas. Además, podrán operar sin garantías financieras para asegurar el cierre adecuado de la mina.”
El Minam también dijo que, junto con el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles, ha declarado la nueva ley como inviable y que es difícil creer que el proyecto de ley fue impuesto al pueblo peruano por insistencia.
“Hacemos un llamado al Congreso de la República a evaluar esta norma aprobada que pone en riesgo el bienestar de la población, así como el medio ambiente y los recursos naturales, ya que no garantiza el cumplimiento de las normas ambientales que aseguren que las empresas atenderán adecuadamente sus pasivos ambientales”, señala el comunicado.
