La mina de carbón Cerrejón de Colombia anunció el martes un principio de acuerdo con indígenas wayuu para cumplir requisitos ambientales y de salud en medio de sus actividades de producción, pero los representantes de la comunidad lo negaron y acusaron a la empresa de mentir.
El resguardo indígena de Provincial, habitado por wayuus, tiene desde hace varios años disputas con Cerrejón sobre el uso del agua y la contaminación, el polvo, el ruido y problemas de salud en el desértico departamento de La Guajira, en donde está ubicada la mina.
La Corte Constitucional de Colombia ordenó en 2019 a través de una sentencia a Cerrejón cumplir varios requisitos destinados a preservar la salud y el medio ambiente previniendo la contaminación y controlando las emisiones, mientras que relatores especiales de la ONU instaron al Gobierno a suspender algunas operaciones de la empresa minera.
El principio de acuerdo contempla la construcción de un puesto de salud para la comunidad y un programa de rehabilitación ambiental con la siembra de 248.000 árboles, además de las actividades solicitadas por el tribunal.
“Dentro de las acciones definidas por la corte, Cerrejón establecerá un programa de limpieza en las instalaciones comunitarias y las áreas cercanas, para los próximos 5 años, y hay un compromiso para brindar apoyo técnico a la comunidad en la definición del estándar de calidad de aire aplicable al resguardo, con el apoyo de un experto y en conjunto con el Ministerio de Ambiente”, dijo un comunicado de Cerrejón.
“No es cierto que la empresa hubiese logrado un acuerdo histórico o un diálogo sincero, abierto y de buena fe con el sector de la comunidad del Resguardo Provincial quienes por años hemos acudido a diversas instancias denunciando las graves violaciones, abusos y atropellos que ha cometido esta tramposa y mentirosa empresa”, replicó en un comunicado el resguardo indígena.
Los indígenas aseguraron que Cerrejón concentró los diálogos con un sector de la comunidad que se opone a las denuncias contra Cerrejón.
Así mismo, la empresa, que es propiedad en partes iguales de BHP Group, Anglo American y Glencore respondió a un grupo de relatores especiales de la ONU que opera de manera responsable la mina para reducir los impactos ambientales y sociales.
La ONU expresó su preocupación por los efectos al medio ambiente y a la salud de los indígenas residentes cerca de la zona de operación de la mina.
“En nuestra operación cumplimos con las normas aplicables de calidad del aire PM10 y PM2.5, así como las de calidad del agua, incluyendo aquellas actividades cercanas a la comunidad de Provincial”, aseguró la empresa minera en un comunicado, en el que dijo mantener un estricto monitoreo de las fuentes de agua de la zona.
La actividad de Cerrejón se encuentra detenida desde el 31 de agosto por una huelga que iniciaron los trabajadores del mayor sindicato de la mina en demanda de mejores salarios y beneficios en salud, educación y vivienda, entre otros.
Pero la decisión de la empresa de cambiar los turnos de trabajo se convirtió en la principal dificultad para alcanzar un acuerdo entre las partes.
Cerrejón asegura que el cambio de turno es necesario para asegurar la sostenibilidad de la empresa en medio de un escenario de bajos precios de carbón y menor demanda, pero el sindicato sostiene que atenta contra la salud de los trabajadores.
La empresa reveló que propuso el lunes en una reunión conformar mesas técnicas para la implementación gradual del nuevo turno, pero el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón) dijo que “no hubo avance alguno”.
Cerrejón no ha revelado hasta el momento ninguna estimación del impacto de la huelga su producción y en sus ingresos.