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Trasnacionales mineras buscan que México les concesione 537 mil hectáreas (ha) para extraer litio, denunciaron los colectivos GeoComunes, Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y Mining Watch.
Actualmente ya se encuentran concesionadas con ese propósito 97 mil ha, por lo que las solicitudes representan el 84.7 por ciento del total de tierras que se podrían destinar a esta industria extractiva.
En total son 36 proyectos de capital extranjero, controlados por 10 empresas. De los cuales 19 están activos: los de Organimax Nutient Corp (15), Bacanora Lithium (tres) y One World Lithium (uno), de acuerdo con el informe El litio: la nueva disputa comercial dinamizada por el falso mercado verde, realizado por las asociaciones.
Basado en datos del Sistema Integral sobre Economía Minera (Sinem) y de la Secretaría de Economía (SE), el reporte señala que Organimax Nutient Corp tiene vigentes las concesiones de 21 mil 905 hectáreas, y en trámite las de 303 mil 351.
Por su parte, Bacanora Lithium registra 15 mil 62 ha con concesiones vigentes, y en trámite las de 87 mil 87.
En el caso de One World Lithium, cuenta con concesiones en trámite para 73 mil 547 ha.
Durante la presentación del informe, representantes de Mining Watch explicaron que el litio se convirtió en un metal codiciado en México con la llegada de las “energías limpia”, porque sus características son favorables para la conducción de energía; esto facilita la creación de baterías más pequeñas y de mayor durabilidad.
Además, aseveraron que pequeñas empresas especulan con la posible alza en la demanda del metal para obtener concesiones y mejorar sus situaciones económicas. Ello, a pesar de que la producción mundial de litio bajó 20 por ciento en 2019, y que el crecimiento de la demanda es lento y sólo se satisface el 75 por ciento de la oferta.
“Esto provoca una creciente especulación minera alrededor de la exploración de litio en las Américas por empresas mineras juniors. Estas empresas posesionan tierras, generan expectativas irreales, además de conflicto, y provocan violencia y desplazamiento en nombre de tecnologías que supuestamente se califican de verdes o justas”, indica el documento.
El académico Juan Carlos Guadalajara, por su parte, alertó que las comunidades son las principales víctimas de los intereses empresariales. “Es evidente que la presión sobre los territorios donde hay litio va a ser enorme. No solamente para extraerlo, sino también para especular y crear ganancias en la Bolsa de Valores. Y esto es el primer paso a la degradación del territorio y las relaciones sociales”.
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