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México es una mina de oro para las mineras nacionales y extranjeras, no solo porque esta actividad —sin considerar la extracción de petróleo y gas— produce una cantidad de dinero equivalente al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, sino porque además, proporcionalmente, el Gobierno federal les devuelve seis de cada 10 pesos que pagan por impuestos (ingresos tributarios) y contraprestaciones por servicios públicos (ingresos no tributarios).
En los últimos cinco años, las empresas mineras —sin considerar las de petróleo y gas— le pagaron al Gobierno federal 189 mil 646 millones 500 mil pesos. Una cantidad equivalente, por ejemplo, al costo aproximado que tendrá la construcción de la Refinería de Dos Bocas en Tabasco. Pero en ese mismo periodo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le devolvió a las mineras 111 mil 213 millones 400 mil pesos por deducciones de impuestos.
Lo anterior implica que en realidad, las mineras nacionales y extranjeras aportaron 78 mil 433 millones 100 mil pesos entre 2015 y 2020, o bien, una cantidad de dinero equivalente a uno de cada 20 pesos que produjeron por extraer recursos naturales que pertenecen a la nación.
La situación se da en un contexto en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha exhortado a las mineras nacionales y extranjeras a pagar impuestos y salarios justos, para cumplir con las leyes vigentes.
El pasado 17 de marzo, López Obrador dijo que a nivel nacional ha habido “algunos problemas con las mineras canadienses”, ya que estas no pagan los impuestos que deben, no protegen al medio ambiente y/o se oponen a dar derechos sindicales a sus trabajadores. Al respecto, mencionó que hay empresas que incluso han llevado su litigio a instancias internacionales para continuar operando como lo han hecho hasta ahora.
Más allá de las mineras canadienses, que representan el 66 por ciento de las empresas privadas nacionales y extranjeras con proyectos mineros en México, según el registro vigente del Sistema Integral sobre Economía Minera (Sinem), la titular del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, ha dicho que además de no pagar impuestos y aparte de los casos de evasión y elusión fiscales, éstas fueron beneficiadas fiscalmente por administraciones anteriores.
Hay mineras —como la canadiense First Majestic Silver Corp— que “han acreditado impuestos en lugar de pagarlos”, ya que “abusando de la normatividad fiscal se les ha devuelto dinero”, explicó Buenrostro en febrero de este año, durante una entrevista con los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez.
Un ejemplo de abuso fiscal está relacionado con los artículos 25 y 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En ese sentido, una resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fechada al 18 de noviembre de 2020, indica que hay algunos contribuyentes sujetos al pago del derecho especial sobre minería, que “indebidamente” registran erogaciones (es decir inversiones en activo fijo y gastos o cargos diferidos) para hacerlas pasar por pagos preoperativos o costos y gastos de producción, para poder deducirlos.
“Justo hace poco, con otras organizaciones, empezamos a hacer un análisis más actualizado y lo que encontramos es que el aporte que hacen [las mineras] a las finanzas públicas es mínimo”, dijo en entrevista con SinEmbargo, Beatriz Olivera, directora de la organización Energía, Género y Ambiente (Engenera).
Para la investigadora, además de que la aportación de las mineras “no es puntual, el Gobierno les ha regresado un montón de dinero” a través del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En ese sentido, los datos de la Cuenta Pública de la SHCP indican que en el último lustro, el SAT erogó 48 mil 24 millones 100 mil pesos en devoluciones por IVA.
De acuerdo con la activista, lo anterior amerita que además de un apretón de tuercas a los incentivos fiscales que reciben las mineras, el Gobierno de México modifique la Ley Minera para obligarlas a rendir mayores cuentas, sobre todo en relación a la cantidad de minerales que extraen, la producción coligada y las utilidades que reflejan sus estados financieros.
EL NEGOCIO DE LA EXTRACCIÓN
El sector minero, es decir, aquel que incluye actividades extractivas de minerales metálicos y no metálicos, así como la obtención de gas y petróleo sin considerar servicios relacionados, aportó, entre 2015 y 2020, uno de cada 10 pesos recaudados por el Gobierno federal o el equivalente a la mitad (54.2 por ciento) del dinero producido por esta actividad económica en el periodo referido, de acuerdo con cifras de la SHCP y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
Sin embargo, la mayor parte de este dinero —recaudado por el fisco— no provino del pago de impuestos por parte de mineras privadas, sino de la Empresa Productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ello considerando que, entre 2015 y 2020, el 97 por ciento de los ingresos tributarios y no tributarios del sector minero derivó de la extracción de gas y petróleo, siendo que en ese periodo y de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), entre el 98 y 99 por ciento del gas y petróleo a nivel nacional fue producido por Pemex.
Si descontamos la obtención de gas y petróleo, la actividad minera de metálicos y no metálicos—a cargo de 242 empresas privadas nacionales y extranjeras según el Sinem— aportó el 0.3 por ciento del dinero recaudado por el Gobierno federal, o el equivalente al 5.3 por ciento del dinero producido por dicha actividad extractiva.
Por un lado, las cifras oficiales indican que la recaudación fiscal minera es baja; y por otro lado, la normatividad aplicable refiere que la minería tiene una de las cargas impositivas más altas a nivel nacional, ya que es un rubro económico con múltiples impuestos sobre sus ingresos brutos, como por ejemplo, sobre sociedades (30 por ciento), regalías (7.5 por ciento) y especiales por tipo de extracción (por ejemplo el del oro y la plata del 0.5 por ciento).
Lo anterior supone que el potencial de ingresos que el país puede obtener por la recaudación de impuestos y contraprestaciones por servicios públicos está limitado por un amplio margen de deducciones fiscales.
De acuerdo con la directora de Engenera, Beatriz Olivera, el valor de las aportaciones fiscales de la minería como proporción del valor de la producción minero-metalúrgica —que en el último año fue de 5.7 por ciento— ha sido “insignificante” por años.
Aunque entre 2019 y 2020 la proporción se duplicó, al pasar de 2.8 a 5.7 por ciento, el nivel actual es inferior al del último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando las aportaciones fiscales de la minería —sin contar petróleo y gas— equivalieron al 8.2 por ciento de su PIB.
Según la Cámara Minera de México (Camimex), la aportación fiscal del sector de la minería se está recuperando del decremento que sufrió “como consecuencia principalmente de los resultados desfavorables en la dinámica productiva”, sobre todo del ISR, en un contexto de desaceleración económica por la pandemia de Covid-19 a nivel nacional e internacional.
En la siguiente tabla es posible consultar la información utilizada para la elaboración de este texto, incluidas las variaciones de ingresos gubernamentales por tipo (tributario o no tributario) o por impuesto (IEPS, ISR, IVA, entre otros).
UN CASO ICÓNICO DE ADEUDO
First Majestic Silver Corp es una minera canadiense que se estableció en México en 2004. Desde entonces ha sido denunciada en materia de derechos humanos, por violaciones y despojos en localidades mexicanas.
La empresa con sede en Vancouver, Canadá, cuenta con tres minas funcionales en el territorio nacional: la mina de oro y plata San Dimas, la mina de oro y plata Santa Elena, así como la mina de plata La Encantada. Además, dicha compañía tiene ocho minas más en proceso de desarrollo.
De acuerdo con documentos de auditoría fiscal citados por la agencia noticiosa Reuters, First Majestic Silver Corp le debe al fisco mexicano cerca de 11 mil millones de pesos, o bien, 534 millones de dólares.
Hasta la fecha de esta publicación, el SAT solicitó a la minera canadiense el pago de 5 mil 500 millones de pesos (267 millones de dólares) correspondientes al adeudo de impuestos. El resto de los deberes todavía “no ha entrado en disputas formales”, indica Reuters.
La información disponible sobre el caso First Majestic refiere que el fisco mexicano busca procesar penalmente a la compañía extranjera por el delito de fraude fiscal relacionado con el esquema de precios.
Al respecto, la empresa ha dicho que “continúa buscando una solución amistosa de sus diferencias con el Gobierno de México” y que por ello, continuará en diálogo con las autoridades y “confiando en las vías legales disponibles bajo la ley mexicana y los acuerdos internacionales”.
El pasado 17 de marzo, el Presidente López Obrador dijo que en caso de incumplimiento, además de las consecuencias penales, First Majestic Silver Corp podría perder sus concesiones a nivel nacional.
“Ojalá nos ayude el Gobierno de Canadá para que se resuelva este asunto”, porque de lo contrario “vamos a actuar legalmente”, explicó AMLO, quien asimismo refirió que el Gobierno de México —por disposición legal— puede revocar las concesiones mineras a las empresas extractoras que incumplan con la normatividad vigente y los acuerdos suscritos con autoridades mexicanas.
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