El Gobierno federal ha otorgado 31 concesiones para explorar yacimientos de litio en cinco estados de la República, principalmente a mineras canadienses e inglesas, pero también de Estados Unidos, Australia, España y dos mexicanas.
El senador Alejandro Armenta, quien en noviembre de 2020 presentó una iniciativa para nacionalizar el mineral, señaló que aunque las empresas canadienses son mayoría al menos en los títulos de concesión, éstas “han vendido concesiones a las empresas chinas”.
“Si tienes un permiso, un contrato, ese contrato no lo puedes vender a otra empresa, tienes que hacerlo directamente con el contratante; pero como es una concesión la pueden vender, vender y vender”, dijo el legislador morenista en entrevista a El Sol de México.
Armenta consideró urgente que en lugar de una concesión, las empresas tengan un contrato, pero donde todos ganen, empezando por los mexicanos, y no sólo las compañías extranjeras.
“Las 31 concesiones mineras reflejan (que) el litio no es de los mexicanos, lo que es delicado para la soberanía del país, para la soberanía financiera y para la soberanía energética”.
El lunes pasado, este medio publicó un reportaje sobre el yacimiento de litio que se prepara para explotar la empresa Gangfeng Lithium, el mayor productor de baterías de China, junto con la firma canadiense Bacanora Minerals, en el municipio de Bacadéhuachi, Sonora, mientras en el Senado avanza la iniciativa de Armenta Mier para nacionalizar el mineral.
La concesión de Bacadéhuachi está a nombre de Bacanora Minerals y no es la única. El gobierno ha entregado 30 más en los estados de Zacatecas, Sonora, San Luis Potosí, Baja California y Coahuila.
“Estamos cruzando información con la Secretaría de Economía porque las concesiones son para exploración, no para explotación. Son 250 millones de toneladas sólo en una concesión, en Sonora”, destacó el legislador.
El costo del trámite de cada solicitud de concesión minera va de los 443 pesos (entre 1 y 30 hectáreas) hasta los 137 mil 790 pesos (más de 50 mil hectáreas). Las empresas y particulares realizan un pago semestral que se calcula en proporción a la cantidad de hectáreas.
En 2018, el pago de impuestos de las mineras representó apenas 0.5 por ciento de los ingresos de las finanzas públicas.
Armenta indicó que su iniciativa de reforma, que elevará a rango constitucional la rectoría del Estado sobre el mineral, ya tiene el respaldo de 56 senadoras y senadores. Además planea realizar en breve un parlamento abierto para fortalecer la iniciativa.
“El proceso legislativo va caminando en las comisiones de Energía y Estudios Legislativos Segunda”, comentó.
Inclusive, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio instrucciones a la Secretaría de Economía para atender el tema de litio, “ya está en la agenda gubernamental”.
El senador explicó que luego de la visita del presidente de Bolivia a México fue instalada una mesa técnica donde participa la embajada de ese país, la Secretaría de Economía y el Senado de la República.
Los especialistas y técnicos de Bolivia van a explicar y a compartir la experiencia que ha representado para ese país el aprovechamiento del litio.
Bolivia ya es parte de una cadena de países como Canadá, China, Corea, Argentina y Chile, que están generando productos derivados del litio para la fabricación de baterías para vehículos, la industria de la movilidad, la industria eléctrica y la 5G.
El también presidente de la Comisión de Hacienda del Senado destacó que México puede aprovechar el litio para el pago de la deuda externa a través de garantías financieras fiscales, por todo lo que representa el mineral, como lo hizo Rusia.
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