La controversia, aunque no conocemos más detalles, podría estar relacionado con el proyecto de explotación minera que Anglo American comanda en Colombia en la mina Cerrejón.
En noviembre de 2020, Cerrejón, propiedad de Anglo American, BHP Group y Glencore, solicitó un tribunal arbitral para resolver el conflicto laboral con sus trabajadores ante una huelga por el establecimiento de un nuevo turno de trabajo. Con él, las compañías buscaban paliar los efectos de los bajos precios del carbón y la reducida demanda.
El sindicato de trabajadores Sintracarbón argumentaba contra el nuevo turno de trabajo por suponer un aumento de la jornada laboral, mayor afección a la salud de los trabajadores y un recorte en los puestos de trabajo, que Cerrejón fijó en 700 puestos menos.
El 30 de noviembre de 2020, Sintracarbón y Cerrejón firmaron un convenio colectivo que puso fin a 91 días de huelga.
Durante el pasado mes de mayo, la mina Cerrejón paró sus operaciones ante los bloqueos para impedir el acceso y el trabajo en la mina, por parte de extrabajadores y de las comunidades indígenas de la zona (ver “Mina de carbón Cerrejón en Colombia detiene operaciones por bloqueos que afectan llegada de insumos“, Julia Symmes Cobb y Nelson Bocanegra, Reuters, 23.05.2021).
Sumado a las pérdidas producidas por la huelga del año pasado que se cifrafon en 759 millones de dólares (ver “Cerrejón perdió 759 millones de dólares por paro de trabajadores y pandemia“, Infobae, 02.12.2021) se une ahora el impacto de la convulsión social que está viviendo Colombia, la pandemia, la reducción de los precios y la caída de la demanda de carbón.
Cerrejón y los Derechos Humanos
Cerrejón es un yacimiento de carbón, que permite la extracción a cielo abierto, situado en La Guajira, Colombia.
En diciembre de 2019, la Corte Constitucional ordenó a Cerrejón proteger los derechos de los indígenas wayúu. En junio de 2020, las comunidades indígenas Wayú solicitaron la detención del proyecto apelando a protecciones medioambientales y de Derechos Humanos. En septiembre, el relator especial de Naciones Unidas David Boyd pidió la suspensión, al menos temporal, de las actividades de la mina por el daño al medioambiente y a la salud de las comunidades wayúu destacando el aire contaminado obligados a respirar y la falta de agua potable, situación agravada ante la pandemia Covid19.
La contaminación del aire, agua y zonas vegetales, el ruido o las vibraciones derivadas de los trabajos en la mina (24 horas activa al día) han sido denunciados. La agresión de los trabajos de explotación sobre los acuíferos provocó que las empresas acarrearan agua en camiones cisterna, un parche a la privación que vive la comunidad wayuu al uso de sus propios recursos naturales.
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