La Provincia puso en vigencia ayer la nueva ley de regalía minera que disminuye la porción que corresponde a la Puna por la explotación de sus recursos. Para este año se prevén ingresos por $256.790.000.
Los recelos en San Antonio de los Cobres y Tolar Grande aún están frescos tras la sanción exprés, en diciembre pasado, de la ley provincial que modificó la distribución de las regalías mineras y disminuyó la porción que le corresponde a esos municipios de Los Andes por la explotación de sus recursos naturales. La normativa entró en vigencia ayer tras su publicación en el Boletín Oficial.
Los cambios en la administración de los fondos por los derechos que se le cobran a las mineras se imponían ante el promisorio escenario que se vislumbra a partir de este año en la Puna, con la puesta en marcha de la producción del primer yacimiento metalífero de oro y cobre a cielo abierto en la provincia (Lindero, Tolar Grande) y de dos minas de litio que empezarán a producir entre este año y el próximo, más otros proyectos significativos que arrancarán en el corto plazo. La polémica se generó por la proporción designada a las comunas productoras de las ganancias que generarán las empresas en esas tierras.
Hasta antes de la promulgación de la ley, el reparto de las regalías mineras se distribuían en una mitad para Rentas de la Provincia y la otra parte quedaba en las localidades puneñas donde se realizan las explotaciones. Los montos que se manejaban eran relativamente insignificantes y no movían el amperímetro de las municipalidades, pero el escenario cambió y para 2021 las estimaciones oficiales hablan de un crecimiento en las regalías de cerca del 4.000% con respecto a 2020.
Con la nueva regulación la distribución de las regalías pasa de un 50% al 11,25% para el municipio donde se origina la producción minera, 6,25% para el resto del departamento productor y un 2,5% queda en las demás municipalidades de la provincia. El 70% de los ingresos quedarán en las arcas de las provincia y el 10% restante se destinará para el Fondo Especial de Promoción Minera.
En billetes, entre enero y noviembre del año pasado ingresaron poco más de $6 millones en concepto de regalías mineras a la Provincia (la mayoría corresponde a la extracción de ripio de los ríos y la producción boratera) de los cuales quedó la mitad en los municipios productores. Para este año en el Presupuesto provincial se fijó, como mínimo, la percepción de $256.790.000 en regalías mineras. De ese monto, $53.395.000 se coparticiparán a las municipalidades, con los criterios ya especificados, y $203.395.000 irán a Rentas.
Las regalías se perciben sobre 3% del valor «boca mina» del material que se extrae en los yacimientos. Ese porcentaje quedó determinado con la nueva normativa provincial para equipararse con lo dispuesto por la ley nacional de inversiones mineras, que era una deuda pendiente para brindar mayor seguridad jurídica a los inversores mineros.
Otro punto sobre el que quedó una polémica tras el debate legislativo de lo que se hará con las regalías es el relacionado a las exigencias para el gasto de los ingresos mineros.
Solo para los municipios y el organismo de fomento se determinaron los parámetros en los que deben invertirse los recursos que recibirán. En el caso de las comunas tendrán que usar el 70% de la regalía minera para inversiones de infraestructura. Y el Fondo Especial de Promoción Minera deberá usar la mitad de los recursos que tendrá para promoción y capacitación, y la parte restante para tareas de fiscalización, políticas de prevención y mitigación ambiental y social.
En cambio, el Ejecutivo provincial no tiene pautas de gastos en la ley, a diferencia de otros distritos mineros que sí tienen instrucciones explícitas para utilizar los fondos obtenidos por los recursos naturales no renovables. Las consecuencias de esa carencia legislativa se pueden apreciar fácilmente en el departamento San Martín, donde después de décadas de explotación petrolífera solo quedó una situación de tierra arrasada.
Quienes visitaron San Juan en los últimos años pueden atestiguar el exponencial progreso de esa provincia a raíz de su desarrollo minero. Al mismo tiempo que en Salta se discutía la nueva ley de regalía minera, en el distrito cuyano también se cambiaron las pautas de distribución de ese tributo, pero con criterios muy diferentes.
Para Rentas de esa provincia quedó el 70% de regalía minera, el 20% para la municipalidad donde tiene asiento el yacimiento minero (antes las comunas recibían el 33%), y el 10% restante queda para el Ministerio de Minería.
En Jujuy, el 45% de las regalías recaudadas por la provincia son destinadas al financiamiento de proyectos productivos en la Quebrada y la Puna, en especial a la construcción de salas de faena y sistema de almacenamiento y distribución de agua para riesgo, así como centros de comercialización en zonas estratégicas.
En Catamarca, el 25% de las regalías mineras quedan en el departamento dueño del yacimiento. Si la producción comprende el territorio de dos departamentos, el porcentaje aumenta a un 35% y se divide en partes iguales.
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