El Ministerio de Minería de Catamarca fue uno de los organismos consultados por la comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, en el marco del tratamiento de tres proyectos de ley presentados respecto de normativas de cierre de mina.
Las iniciativas fueron de los senadores catamarqueños Lucía Corpacci y Guillermo Andrada (FT), el chaqueño Antonio Rodas (FT) y la bonaerense Gladys González (PRO), por lo que los testimonios tomaron especial relevancia ya que Catamarca es pionera en el proceso por el cierre de Minera Alumbrera.
En esta primera audiencia fueron convocados el ministro de Minería, Marcelo Murúa; la secretaria de Desarrollo Minero, Teresita Regalado y el exministro Rodolfo Micone; además del presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Franco Mignacco.
Los catamarqueños expusieron sobre la legislación provincial vigente en la materia, pionera en el país ya que se implementó en 2012 ante el cierre del emprendimiento Bajo de la Alumbrera luego de 15 años de producción.
«Es importante la iniciativa de trabajar para poder cubrir un vacío legal que existe en cuanto a cierre de mina, que es una etapa más del proceso minero en sí», destacó Murúa y resaltó la necesidad de que la actividad minera se lleve a cabo con los mayores resguardos en todos los aspectos y que «se realice en el marco de desarrollo sustentable en términos sociales, económicos y ambientales».
Murúa consideró que «lograr una normativa de marco general incorporada al código de fondo es un paso adelante porque va a permitir que todas las jurisdicciones tengan una legislación de base» y remarcó «los aspectos de la normativa deben ser generales y que las cuestiones reglamentarias y de procedimientos, fundado en el artículo nº124 de la Constitución nacional, deben ser delegadas y quedar en cabeza de los estados provinciales porque son los titulares originarios de los recursos naturales».
La secretaria Regalado realizó una exposición técnica sobre el caso Alumbrera, que llevó a Catamarca a contar con la resolución 396/16 sobre cierre de minas que actualmente se aplica. «Lo escrito refleja lo que transitó la provincia de Catamarca desde el 2012, cuando Minera Alumbrera anunciaba el cierre del proyecto. El equipo técnico fue recopilando normativa para ir sumando experiencia de todo el mundo con proyectos que tenían un cierre acorde, efectivo y con toda la profundidad que requiere el caso», comentó.
Para la funcionaria, es muy importante incorporar la participación ciudadana a través de mecanismos que permitan a las comunidades ser partícipes del proceso minero, como audiencias públicas, charlas técnicas, monitoreos comunitarios, entre otros.
«La experiencia de Catamarca se da porque necesitaba tener una herramienta con los elementos básicos y elementales para exigir a Alumbrera un plan de cierre elaborado. Se requirió de mucha consulta, asesoría externa, análisis de derecho comparado y esa normativa es con la cual nos regimos y que servirá de base para poder llegar en este ámbito (el Congreso) a una ley general incluida en el Código de Minería, que nos permita tener el marco jurídico para que el cierre de mina se haga con seguridad económica, social y ambiental», concluyó Murúa.
Micone aportó además que «como Estado debemos contar con recursos adecuados para la capacitación y el trabajo», al compararse con los estándares que manejan las empresas a nivel internacional.
Mignacco, por su parte, afirmó que «es sustancial que la sanción de esta ley surja del consenso de los actores involucrados, con el establecimiento de reglas claras tendientes a abordar los aspectos ambientales, sociales y económicos en el cierre de minas». También expusieron Mario Juárez, miembro del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas; y Leonardo Rodríguez y Santiago Vedoya, especialistas en derecho minero y miembros del Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM).
Tras el análisis de las exposiciones, la comisión pasó a un cuarto intermedio y se volverá a reunir este martes por la tarde, momento para el que fueron citados otros especialistas técnicos.
Los senadores, optimistas
Los autores del proyecto valoraron el debate en la comisión.
«Es muy importante que podamos tener un presupuesto mínimo para el cierre de minas, que permita a las comunidades recuperar los espacios. Es cierto que la minería genera modificaciones en el ambiente, como cualquier actividad industrial, pero creo que con la tecnología se puede hacer que tenga el menor impacto posible. Lo que proponemos es que cuando empieza el proyecto, la empresa haga un depósito económico para que se pueda hacer una remediación del espacio utilizado», explicó Corpacci en el Senado.
Guillermo Andrada, por su parte, destacó que «estamos buscando soluciones a este problema que es la falta de legislación sobre el tema». «Más allá de que todos buscamos el cuidado ambiental, es importante también la cuestión social, la rehabilitación laboral de comunidades que tienen salarios elevados y un día llega el momento de un cierre», opinó.
El senador Flavio Fama (UCR), quien también participó de la comisión, remarcó que se busca «que la actividad tenga el menor impacto posible para la flora, la fauna y el medio ambiente».
«Las provincias deben generar planes de cierre que empiecen cuando las empresas comiencen la explotación, para que se pueda monitorear cada dos años, por ejemplo, debido a que son las provincias las dueñas de los recursos», enfatizó.
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