Uno de los protagonistas de los conflictos que tienen hoy a Codelco en el centro de la atención es la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). En el marco del conflicto que la minera mantiene con Contraloría, el organismo ha pasado por una fuerte crítica a su gestión en materia de fiscalización, algo que se está intentando revertir con la ofensiva judicial que lanzó la empresa por un supuesto caso de estafa en la contratación de seguros de vida que por 14 años mantuvieron con Chilena Consolidada en los sindicatos de Chuquicamata y Radomiro Tomic.
A sólo 15 días de asumir como vicepresidente ejecutivo de Cochilco, el abogado Marco Riveros, aclara el rol de la entidad en este caso, el que surgió después que la comisión comenzara una auditoría originada por denuncia recibida en diciembre de 2018 por el Ministerio de Minería.
“Cochilco ha cumplido estrictamente la obligación legal. En este caso, sobre antecedentes recibidos por el ministro de Minería, se desarrolló la fiscalización respectiva, cuyos resultados verificaron los hechos denunciados y la efectividad de esta grave situación que hoy se conoce”, asegura.
El profesional explica que el informe elaborado fue remitido a la cuprífera para que instruyera una investigación exhaustiva de los hechos y procediera en conformidad a la ley, recalcando que “los hechos que se describen en la querella que ha presentado Codelco recogen gran parte de los antecedentes que se verificaron en nuestra fiscalización”. Sin embargo, los resultados de esto no han quitado la necesidad de modernización de Cochilco, donde incluso se ha hablado de una “cirugía mayor” del organismo técnico a través de la presentación de un proyecto de ley.
En algún minuto, en el gobierno se fijó agosto pasado como el mes para enviar la iniciativa, pero aún no se ha dado el vamos. Consultado por cuándo podría llegar la reforma, Riveros adelanta que “el ministro ya nos puso un plazo y creemos que estaremos en condiciones de tener un anteproyecto a mediados de mayo sobre esa materia”. Aunque es difícil estimar cuánto demorará su tramitación, reconoce que “a estas alturas se hace necesaria una modificación a ese nivel”.
En lo medular, el proyecto contempla dejar a Cochilco con su rol central de fiscalizador, junto con sus pronósticos de precios y aprobación de proyectos, y trasladar al Ministerio de Minería el área de Estudios y las asesorías.
Sin embargo, en la actual coyuntura, el abogado dice que “la falta de modernización no nos impedirá ejercer nuestro rol, con mayor esfuerzo, pero se hará igual”.
Una de las críticas que ha circulado en el marco del conflicto con Contraloría es que la comisión no tiene la misma capacidad técnica de Codelco, como para fiscalizarlo. Riveros no duda en responder ante eso que “la asimetría de recursos y capacidades entre el fiscalizador y el fiscalizado no es excusa para no hacerlo de forma autónoma e independiente”.
De hecho, en 2019 las auditorías a Codelco crecieron 28% y para 2020 “nos hemos propuesto aumentar en cantidad y profundidad. Asimismo, avanzaremos en la implementación de una metodología para la fiscalización de denuncias en el marco del Convenio con la Contraloría”.
Fuente: DF
