Para que los proyectos aprobados sean ejecutados en condiciones ambientales similares a aquellas que se tuvieron a la vista durante su evaluación, así como también para evitar la especulación, la reforma de la ley ambiental de 2010 fijó cinco años para que las iniciativas inicien su construcción o podrían sufrir la caducidad de su permiso.
Así, aunque muchos titulares buscan conseguir la Resolución de Calificación Ambiental para ejecutar proyectos de inversión, algunos que ya la obtuvieron optaron por no desarrollar las iniciativas. Según información del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), a la fecha se ha acreditado el inicio de ejecución de 609 RCA, habiendo caducado 66 permisos, los que suman una inversión que no se materializó de US$ 3.642 millones.
La facultad de la autoridad decantó en resoluciones desde 2016, concentrando gran parte de las caducidades ese año y el siguiente. Otros 18 se sumaron en 2018 y uno en lo que va del año.
El sector energético es por lejos el que concentra la mayor inversión de proyectos que finalmente no prosperaron, con US$ 2.466 millones. Le sigue la minería con US$ 484,8 millones, el rubro inmobiliario con US$ 300 millones y Obras Públicas con US$ 272 millones.
A nivel de proyecto, la tabla la encabeza la central termoeléctrica Energía Minera, con una inversión de US$ 1.700 millones que se ubicaría en Puchuncaví y que incluso Codelco pensó impulsar. Luego figura Hacienda Topocalma de la Inmobiliaria General–cuya inversión ascendía a US$ 300 millones-y que tenía como fin utilizar 1.021 de un total de 7.654,4 hectáreas para construir equipamiento turístico y residencias de veraneo (segunda vivienda).
Fuente: Diario Financiero
