Pese a que no se realizó la COP21 en Chile tras el estallido social, 15 meses después de su suspensión siguen las repercusiones a nivel local. Esto, tras un preinforme emitido por la Contraloría General de la República en el que se detectan que aún existen más de $17 mil millones en gastos realizados por la Fundación Imagen de Chile (FICH) que fueron observados (en revisión) por la Subsecretaría del Medio Ambiente. Cabe destacar que FICH recibió $21.500 millones como transferencia directa del Ministerio del Medio Ambiente para la realización del evento, el que posteriormente fue trasladado a Madrid, y que fueron pagados entre junio y octubre de 2019.
Según se detalla en el documento, el monto que se mantiene con observaciones por parte de la Subsecretaría del Medio Ambiente equivale al 96% del total transferido , siendo la última aprobación de gastos realizados en marzo de 2020.
A juicio de Contraloría, esto evidencia el incumplimiento de los contratos en los que se establece que “la Fundación Imagen de Chile dispondrá de 10 días hábiles, contados desde la notificación, para aclarar las diferencias observadas por la Subsecretaría del Medio Ambiente. Por su parte, esta última dispondrá de 15 días hábiles para aprobar o rechazar dicha rendición. En el evento que la aludida fundación no aclarare la discrepancia dentro del plazo dispuesto para ello, la subsecretaría rechazará la respectiva rendición de cuenta de gasto”.
Con todo, se detalla que al 11 de febrero de este año, fecha en que se realizó la muestra , aún existían $3.100 millones que no se rendían en el sistema respectivo. Consultados en el Ministerio del Medio Ambiente, explicaron que el preinforme tiene carácter confidencial, y por tal razón, no pueden hacer comentarios al respecto.
No obstante, desde la cartera liderada por la ministra Carolina Schmidt añadió que “sin perjuicio de lo indicado, es posible señalar que hoy nuestro ministerio se encuentra en la fase del proceso de revisión de cuenta de los recursos rendidos por parte de FICH que es un proceso absolutamente normal, dentro de lo excepcional que fue la suspensión de la COP25 en Chile producto del estallido social. Por esta razón acudimos a la Contraloría para que nos diera orientaciones necesarias para terminar el proceso que estamos llevando a cabo. Estos lineamientos los recibimos durante el mes de octubre recién pasado; por esta razón, si bien hemos avanzado, aún nos queda el proceso de revisión final”.
Lo que resta de ahora en adelante es saber quién se responsabiliza de los montos que ya fueron gastados por FICH, pese a que existe una boleta de garantía de por medio que no ha sido cobrada a cargo de la fundación. El ministerio podría terminar aprobando el gasto, que equivale a más de la mitad del presupuesto de la cartera de todo un año. De lo contrario, ejecutar la boleta de garantía complicaría seriamente las finanzas de FICH, fundación de derecho privado que recibe financiamiento público mediante una presupuestada contenida en la Ley de Presupuestos.
Es por esto último que el conflicto ha encendido las alertas en varias reparticiones, por la posible responsabilidad que podría caber al directorio de la FICH en caso de tener que responder por los dineros indicados. Dicho directorio es presidido por el ministro de Relaciones Exteriores y se compone de 19 integrantes, entre los que se incluyen los ministros de Hacienda, Economía y Cultura, además de representantes gremiales y empresarios como Juan Sutil, Ronald Bown, Claudia Bobadilla, Óscar Guillermo Garretón, Axel Christensen, o incluso el expresidente Eduardo Frei.
Por otra parte, destaca en el informe que la FICH contrató a la francesa GL Events Exhibitions para ejecutar los servicios de diseño, habilitación e instalación de las estructuras requeridas para la COP25, por un monto de US$ 19 millones, pero en marzo de 2020 la fundación presentó una demanda declarativa de terminación de dicho contrato con la firma multinacional. Consultados al respecto, desde FICH no respondieron a las consultas de “El Mercurio”.
Fuente: El Mercurio
