Un nuevo revés enfrentó el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, con el proyecto de proinversión, luego que la sala del Senado decidiera enviarlo a un nuevo trámite legislativo ante la polémica que se armó a la hora de votarlo.
De esta forma la iniciativa volverá por una semana a la Comisión Unida de Economía y Medio Ambiente para revisar sólo las materias más complejas: caducidad, pertinencia de los permisos ambientales, fast track para centrales hidroeléctricas de menor tamaño, y la externalización de servicios de la Dirección General de Aguas, DGA.
De hecho fue ese último punto el que generó un fuerte desencuentro en la sala del hemiciclo cuando el proyecto fue puesto en la tabla para ser votado y que obligó a esta salida alternativa.
Fue la senadora Ximena Rincón (DC) quien disparó primero criticando al gobierno por haber insistido con su idea de externalizar funciones de la DGA cuando en la Comisión de Economía habían llegado a un acuerdo con el anterior ministro, José Ramón Valente, de que este punto sería abordado en otro carril.
Lo concreto fue que el actual secretario de estado optó por insistir en este punto que logró fuera aprobado en Hacienda.
“Se está sentando un precedente nefasto. De buena fe llegamos a un acuerdo con los representantes de Economía que se comprometieron a retirar esta externalización del proyecto. Ahora vamos a tener que conversar sólo con los ministros porque nos damos cuenta que después no se respetan los compromisos”, recalcó el senador Alvaro Elizalde (PS), integrante de Economía.
Varios senadores de oposición, junto a la oficialista Carmen Gloria Aravena expresaron su rechazo a la incorporación de privados en los procesos de revisión o fiscalización que realiza la DGA.
El punto es que si el proyecto se hubiera votado ayer, lo más probable es que se habrían rechazado estas normas. El Ejecutivo con esta dilación espera lograr un acuerdo en torno a la DGA y otros puntos para agilizar la burocracia a la hora de invertir.
Fuente: Pulso
