La Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional sucedió este lunes el informe de reemplazo a su segundo informe, el cual ya había sido rechazado en general por el Pleno. Las indicaciones admitidas y que considerando los artículos relacionados con el Estatuto Constitucional de los Minerales, serán votadas por el Pleno este sábado.
Los gremios mineros aseguran esta conciencia de los cambios que se deben realizar en pro de una industria más sustentable, sin embargo, indicaron que es importante que los integrantes de la Convención Constitucional sepan que tienen en sus manos el futuro de la minería y por ende del país.
Desde la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) criticaron que los convencionales de la Comisión insistan en delegar al Estado la responsabilidad de desarrollar prácticamente toda la actividad minera, algo que ya ha sido cuestionado en instancias previas. El presidente de este organismo, Sergio Hernández, criticó especialmente la Indicación 150 donde se incorporan sustituciones al Artículo 27 y que estipula que en el caso del cobre, el Estado explorará y explotará por sí mismo, y podrá hacerlo en asociación con particulares siempre resguardando la participación mayoritaria del Estado. “Consideramos que es imposible para el Estado financiar las inversiones que la minería requiere en el futuro, de más de USD 68.000 millones, ya que debe privilegiar los derechos fundamentales”, aseguró Hernández.
Para APRIMIN, la Comisión está desconociendo todos los aportes que ha realizado la minería privada al país, que se ha trabajado duro en las últimas décadas por cumplir con altos estándares sociales y ambiente y cuyo apoyo además, a través de la tributación, es clave para solventar las grandes reformas que pretenden impulsar el país a futuro.
Las concesiones
Otro tema preocupante para el sector es el tema de las concesiones mineras. El presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, agregó que “lo que se propuso en el Estatuto Constitucional sobre Minerales era sumamente grave para el sector y aumentaba con grandes riesgos e incertidumbre para el ecosistema minero. Esto no solo porque presentó una redacción confusa sino que contenía elementos controvertidos que dañan la certeza jurídica, como la nacionalización o el cambio al régimen de concesiones mineras”.
Lo anterior referido específicamente en el artículo 23, además de sustituir las palabras “concesiones mineras” por “autorizaciones administrativas”, lo más dañino es que estas pasan a ser otorgadas por un órgano estatal, por un tiempo determinado, excluyendo que exista derecho de propiedad sobre ese permiso para operar.
“Es decir, ya no serían los tribunales de justicia los que otorguen las concesiones mineras, sino una entidad administrativa dependiente de la autoridad de turno, la que entregará un permiso transitorio, el que puede caducar o revocar, sin que aún estén definidos los motivos para aquello. Lo anterior podría una lápida a la inversión minera y por ende al desarrollo y crecimiento de las regiones del norte y del país”, destaca Manuel Viera.
Respecto a la votación de estas indicaciones que llevará a cabo el sábado el Pleno, los gremios hacen un llamado a que se tome el peso real de lo que significaría para el país aprobar iniciativas que precarizan y dañan a la minería. “Chile siempre ha sido y seguirá siendo un país minero. Hoy tenemos una tremenda oportunidad que nos dan los mercados internacionales para dar un salto cualitativo y proveer los minerales que necesitarán el planeta para la transición energética, no perdamos esta oportunidad. En la medida en que sigamos desarrollando nuestra minería podremos traer más progreso a nuestras regiones ya los chilenos en general”, concluyó.
Fuente: https://www.portalminero.com/
