En 2017, las autoridades locales ya solicitaron al Gobierno central la reactivación de los comités de remediación y de combate a la minería ilegal en el cantón. También se producen hundimientos en el casco urbano de Zaruma.
Ese mismo año, el cantón fue declarado en emergencia debido a los socavones generados por la actividad minera ilegal. Además, se emitió un acuerdo ministerial que aumentó la extensión de la zona de exclusión minera, que abarca la parte céntrica de la ciudad, donde está prohibida la extracción aurífera. Pese a ello, la zona mantiene el peligro de que se produzcan más hundimientos.
Precisamente, hace un año se publicó un amplio reportaje sobre las actividades de minería ilegal y antitécnica. Ese tipo de tareas se registraron en ocho provincias, incluso se denunció el caso de una mina en territorio peruano, que se explota ilícitamente desde Ecuador.
La minería ilegal es tan grave como el narcotráfico o el tráfico de personas. Esta actividad está ligada a las mafias que brindan seguridad, al uso de armas, a la explotación laboral, a la destrucción de la naturaleza.
Para atenuar situaciones como estas se han dado crisis del Estado como la de Buenos Aires, en Imbabura, pero no hubo ni hay un plan nacional para enfrentar el problema. Detrás de la explotación clandestina de minerales existen grandes y pequeños beneficiarios.
A las compañías mineras formales se les exige, como debe ser, licencias ambientales para impedir que se contaminen las fuentes de agua; tareas de mitigación y acuerdos que benefician a las comunidades adyacentes a los proyectos. Pero no hay conciencia de que en medio del discurso en contra de las grandes firmas se cuela el peligro de la minería ilegal que causa serios inconvenientes.
Fuente: El Comercio
