El ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, dijo que el gobierno retiró un plan para introducir un arancel del 10% sobre las exportaciones de oro incluido en el proyecto de ley de reforma tributaria presentado por el nuevo gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro a principios de agosto.
La propuesta buscaba un impuesto del 10% sobre el valor de las exportaciones de oro siempre que el precio del metal excediera los $400 por onza.
Los beneficios de tal plan habrían sido difíciles de medir ya que los mineros ilegales continúan sacando de contrabando el metal precioso del país, dijo Petro en un evento organizado por el Centro de Estudios Económicos ANIF.
El sector del oro también había argumentado que dicho impuesto impulsaría las exportaciones ilícitas y reduciría la inversión en la industria al tiempo que agregaría una barrera a los esfuerzos para formalizar a los mineros no oficiales y de pequeña escala.
Varias grandes empresas trabajan con pequeños productores de oro y el gobierno está interesado en promover la pequeña producción y la economía popular, dijo Petro.
Otra propuesta que busca poner fin a la posibilidad de deducir los pagos de regalías sobre la producción de oro de los impuestos sobre la renta permanece en el proyecto de ley.
“Los impuestos a la exportación de carbón y petróleo propuestos permanecerán en el proyecto de ley ya que la administración del nuevo presidente Gustavo Petro busca una mayor contribución del sector de recursos naturales para financiar el sector público y sus planes para crear un país más equitativo”, dijo el ministro en una declaración.
El gobierno está buscando un impuesto de 10% sobre las exportaciones de carbón y petróleo sobre los ingresos obtenidos cuando cada producto supera un determinado precio. Ese umbral está fijado en $87 por tonelada de carbón y $48 por barril de petróleo.
La legislación propuesta por Petro podría recaudar $5.8 mil millones en 2023 (1.48% del PIB del país) al introducir también un impuesto a la riqueza, que afectaría a alrededor de 2 % de la población.
El gobierno se ha comprometido a utilizar los ingresos adicionales para financiar los esfuerzos contra la pobreza, la universidad pública gratuita y otros programas de bienestar social.
