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Antes de tomar la decisión de renunciar a sus títulos mineros, el Grupo Prodeco había expuesto su situación financiera en Colombia y había solicitado una suspensión por 18 meses para analizar la viabilidad de los contratos en el país, en los departamentos de Cesar y Magdalena.
Según El Pilón, Ivan Glasenberg, director de Glencore, envió una carta a Iván Duque en septiembre del año pasado afirmando que la salida de la empresa sería inminente si no había apoyo por parte del Gobierno Nacional, sobre todo, después de que la Agencia Nacional de Minería había rechazado la petición de suspensión desde septiembre del año pasado, a lo que la empresa respondió con un recurso legal, pues consideraba que cumplía con todos los requisitos legales del Codigo de Minas.
En la carta, Glasenberg afirmó que en representación de Prodeco, Glencore se dirigía al mandatario «con el fin de poner conocimiento importantes desarrollos en relación con los negocios del Grupo Prodeco en Colombia», y expresó que con el escenario de la pandemia y la caída del precio internacional del carbón era inviable operar.
El empresario afirmó, que la empresa minera es el tercer mayor productor de carbón térmico en Colombia, pues sus operaciones más destacadas están en Minas Calenturitas y La Jagua, además tener la concesión portuaria de Puerto Nuevo en Ciénaga.
«El Grupo Prodeco ha realizado inversiones en sus operaciones mineras en el departamento del Cesar y en sus operaciones marítimas en el departamento del Magdalena, por valor de US$3.000 millones, creando 7.000 empleos y contribuyendo con pagos de impuestos y regalías por más de US$2.400 millones», afirma la carta.
Unas líneas más adelante, el directivo abordó el problema de la empresa con relación a la llegada del covid-19 al país, ya que ratificó el difícil año que había llegado para la continuación de las operaciones de la compañía. Las operaciones de Prodeco tuvieron que ser suspendidas desde marzo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020 según los parámetros de ANM, y por ello pedían la prórroga de la suspensión.
Adicionalmente, el directivo sostuvo que, además de la reducción de la demanda de carbón de algunos mercados importantes para la empresa, la falta de anuencia gubernamental para la continuación de las operaciones supusieron otro reto y trabas en la producción.
«El hecho de no contar con estas aprobaciones incrementa de manera significativa nuestros costos de operación minera. Como resultado de lo anterior, las operaciones han permanecido suspendidas en desarrollo de lo autorizado bajo nuestros contratos mineros (tres meses en el caso de la Mina Calenturitas y seis meses en el caso de la Mina La Jagua)», especifica la carta.
Cabe recordar que la misiva salió a la luz después de que, como lo puso sobre la mesa el ejecutivo, la ANM rechazó la petición y Glencore decidió renunciar a sus títulos mineros.
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