De inminente riesgo. Así calificaron expertos consultados por El Comercio la elección de algunos candidatos en zonas de recurrentes conflictos sociales asociados a la minería.
La mayor preocupación está centrada en Apurímac, en el distrito de Challhuahuacho y la provincia de Cotabambas, dos de las pocas jurisdicciones donde salieron elegidos candidatos de Perú Libre y que se ubican muy cerca de la empresa minera MMG Las Bambas.
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Jeffrey Radzinsky, analista y director del Grupo Fides Perú, dijo a El Comercio que el principal riesgo tras la elección de estas nuevas autoridades es que “se mantengan abiertos una serie de conflictos y que otros tomen mayor relevancia en los próximos meses”.
“Por supuesto que hay un riesgo de mayores conflictos, eso es inminente, y una variable importante para ese riesgo es el perfil de algunos alcaldes electos, críticos contra las minas”, señaló.
El experto dijo también que ser protagonista en la dinámica de conflictos sociales muchas veces impulsa algunas candidaturas, por lo que hay que esperar y estar vigilantes al verdadero rumbo que las nuevas autoridades le darán a su gestión.
“Otro punto a revisar es la relación entre las autoridades distritales, provinciales y regionales. Esta es sumamente importante, ya que la conflictividad social siempre trasciende al ámbito de influencia”, agregó.
Por su parte, el analista político Iván Arenas manifestó que la presencia de Perú Libre en el corredor minero del sur preocupa porque puede propiciar la aparición de conflictos sociales, no para exigir el cierre de Las Bambas, sino con el fin de obtener mayores beneficios.
“De reavivarse los conflictos sería para negociar beneficios más directos y adicionales a lo que Challhuahuacho y otras comunidades ya reciben de Las Bambas”, sostuvo.
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Vale decir que Tambobamba, Coyllurqui, Mara y Cotabambas son otros distritos de la provincia de Cotabambas donde Perú Libre obtuvo el primer lugar en las últimas elecciones.
Respecto a otras regiones del país que tienen conflictos sociales vigentes, tales como Arequipa, Moquegua, Cusco y Cajamarca (en las tres últimas habrá segunda vuelta), Arenas resaltó que no hay presencia de candidaturas que puedan generar tanto riesgo.
Un llamado al diálogo
Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, comentó que la función de las nuevas autoridades debe ser la de contribuir a resolver problemas, no a crearlos.
“Se espera que promuevan el diálogo y las salidas pacíficas a los conflictos. Hay gobiernos locales que reciben grandes sumas por concepto de canon minero. Su obligación es convertir ese dinero en bienestar para la población”, dijo.
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Detalló que los principales sitios donde existen conflictos vigentes, y que más preocupan, se ubican a lo largo de todo el corredor vial del sur, donde operan cuatro compañías mineras. A este se suma la Amazonía, por la falta de oportunidades de desarrollo de las comunidades nativas y los problemas de derrames de petróleo y pasivos ambientales antiguos.
“Un punto clave es Madre de Dios, donde la minería ilegal destruye el bosque, envenena las aguas y genera problemas graves como la trata de personas y el trabajo esclavo de niños”, subrayó.
En el caso de algunas regiones de la selva, hay varios candidatos elegidos que están relacionados con la minería informal.
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