El colectivo Cabildo por el Agua de Cuenca entregó ayer a la Comisión de Medio Ambiente, del Concejo Cantonal de Cuenca, un proyecto legislativo para consolidar los resultados de la consulta popular sobre minería.
En este plebiscito, que se cumplió el pasado 7 de febrero, el 80,04% de los electores, es decir unas 348.000 personas, votó por el sí, para prohibir actividades mineras en zonas protegidas.
Esto específicamente en las áreas de recarga hídrica de los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay, Machángara y Norcay, que son los que abastecen de agua a la población.
La propuesta es la Ordenanza que Establece las Áreas de Incidencia Estratégica para el Desarrollo Sostenible y Norma el Uso y Ocupación del Suelo y las Políticas Públicas para Comunidades que Viven en esas Áreas.
En esta consta que: “las áreas de incidencia estratégica para el desarrollo de Cuenca son aquellas… que constituyen núcleos cuya conservación y cuidado a la vez garantizan la formación de las aguas…”.
También son las que aseguran el ciclo biológico y sirven de sustento a las comunidades campesinas asentadas en ellas, que a su vez pueden brindar sus servicios comunitarios de protección y conservación.
Esta reglamentación plantea cinco áreas estratégicas entre las que están: Quimsacocha-Cancan-Irquis-Yanuncay; Quitahuayco-Patul-Balao Grande y Gallo Cantana-Mazán-Tomebamba-Culebrillas.
También Chanlud-Machángara-Tomebamba; y Migüir-Chorro-Río Blanco-Molleturo-Mollepongo, y en todas estas queda restringido además construir cerramientos, muros, vivienda, bodegas y campamentos.
Ahora deberá ser el cuerpo edilicio local el que aprueba o no esta ordenanza, con lo que se busca establecer oficialmente las zonas donde no se podrá hacer minería.
David Fajardo, de la organización Cabildo por al Agua, explicó que con esta norma pretenden materializar los resultados de la consulta popular, que son completamente vinculantes.
“Buscamos que se consolide esa voluntad del pueblo soberano de Cuenca sobre la defensa del agua, sobre la protección de los páramos y en contra de actividades completamente amenazantes…”, insistió.
Para Rosendo Morales, abogado e investigador en temas de medio ambiente, debe ser el Municipio de Cuenca el que proponga los sitios de conservación ambiental donde no se puede hacer explotación minera.
A decir de Morales esto deben hacer la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA EP), y el Ministerio del Ambiente y Agua (MAA), que es la máxima autoridad del agua.
Los resultados no tienen aplicación retroactiva
Según Marcelo Guerra, abogado constitucionalista, los resultados de la consulta popular sobre minería, cumplida el pasado 7 de febrero en Cuenca, no tienen aplicación retroactiva.
Por ende, las concesiones mineras actuales no se verán afectadas, con lo que se garantiza la seguridad jurídica de los contratos que firmaron las empresas mineras con el Estado.
Igualmente, a criterio de Guerra, debe ser el Ministerio del Ambiente y Agua (MAA), como autoridad única del agua, la que delimite las zonas de recarga hídrica, en donde no se podrá hacer minería.
Recordó que la Corte Constitucional del Ecuador (CCE) en el dictamen con el que se aprobó la consulta, dejó claro que las preguntas solo podrán tener efecto hacia el futuro. (I)
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