En una decisión que ha resonado con fuerza en la comunidad de Palo Quemado, el Juez Constitucional de Sigchos, Darwin Paredes, ha revocado la suspensión de la Consulta Ambiental, permitiendo que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) reinicie el proceso. La acción de protección presentada contra la consulta fue considerada improcedente, ya que los tres cargos formulados—Consulta Previa, Consulta Ambiental y Violaciones a los Derechos de la Naturaleza—no contaron con suficiente fundamento. Este fallo significa que las voces de los habitantes podrán ser escuchadas de manera adecuada ante las decisiones que afectan su entorno.
La resolución del Juez no solo elimina la suspensión, también valida las estrategias empleadas, como videos, talleres y charlas, para llevar a cabo la Consulta Ambiental. Paredes subrayó que estos métodos cumplen con los estándares fijados por la Corte Constitucional. Además, clarificó que la presencia de la Fuerza Pública durante el proceso se justificó para mantener el orden público, contrarrestando alegaciones de presión indebida. Este enfoque resalta la importancia de establecer un entorno seguro donde se puedan discutir temas críticos sin temor a represalias.
En lo que concierne a la Consulta Previa, el Juez enfatizó que es fundamental demostrar una conexión genuina con el territorio y el respeto a las costumbres locales, no basta con reivindicar el derecho a la autodeterminación. Según el Manual de la OIT, es esencial mantener una continuidad histórica y reconocimiento institucional para poder reivindicar una identidad étnica. Desafortunadamente, los testimonios presentados en este caso no lograron cumplir con estos requisitos, lo que llevó a la decisión judicial.
Este fallo se lee como una victoria significativa para los ciudadanos de Palo Quemado, quienes ahora están en una mejor posición para ser informados y consultados en un marco libre de coacciones. La sentencia reafirma no solo el compromiso con los derechos de las comunidades locales, sino que también promueve un proceso ambiental más transparente y justo, asegurando que cada voz tenga un lugar en la toma de decisiones que impactan su vida y entorno. La comunidad puede, por fin, avanzar hacia un futuro en el que sus derechos y preocupaciones sean debidamente respetados.
