La amenaza que supone la minería ilegal para la Amazonia brasileña es tan grande que la industria minera formal está intentando involucrar al banco central del país.
Ante la presión de las grandes empresas y de las organizaciones no gubernamentales para que se tomen medidas contra los flujos de oro no regulados, el jefe del banco central, Roberto Campos Neto, se comprometió a estudiar formas de mejorar la supervisión de los compradores autorizados por los bancos, dijo el instituto minero Ibram en un comunicado tras reunión con Campos Neto. El Ibram y la policía federal también están desarrollando un sistema de trazabilidad que utiliza radioisótopos para establecer un ADN para el oro brasileño.
Las grandes empresas mineras quieren diferenciarse de la minería ilegal “dominada por organizaciones criminales”, dijo por teléfono el presidente del Ibram, Raul Jungmann. “La minería ilegal impacta en la reputación del sector, lo que significa restricciones en términos socioambientales, de imagen y de aprobación del mercado”.
La organización de sostenibilidad Instituto Escolhas estima que Brasil comercializó 229 toneladas de oro con graves indicios de ilegalidad entre 2015 y 2020, alrededor del 50% de la producción nacional. Según un estudio, un puñado de comerciantes de valores representó un tercio de todo el oro identificado.
En Brasil, todo el oro procedente de la minería artesanal, conocido como garimpo, debe venderse a empresas acreditadas por el banco central. La falta de controles permite a los mineros salvajes hacer falsas reclamaciones de origen registrando un número de título minero válido.
La ley local exime a las empresas de valores de la responsabilidad de las irregularidades, asegurando que las compras de oro pueden realizarse en la presunción de “buena fe”, siempre que los mineros ilegales presenten un certificado de origen autoemitido. Las empresas mineras y los grupos de sostenibilidad quieren que se destierre esa normativa.
Bloomberg
