En el marco de la EXPOMINA 2024, se ha revelado un sombrío panorama sobre la minería ilegal en Perú, donde se estima que un alarmante 20% de estas actividades opera dentro de concesiones mineras y proyectos estratégicos. Pablo O’Brien, gerente general de Yarabamba y presidente del “Foro desarrollo social y ambiental,” subrayó la gravedad de esta situación, enfatizando que casi ningún proyecto nuevo escapa a la sombra de las operaciones ilegales. Las implicaciones son preocupantes, no solo por el impacto económico, sino también por la creciente violencia y criminalidad que rodea a estas organizaciones, creando un entorno cada vez más peligroso para los trabajadores legales y las comunidades cercanas.
O’Brien también destacó cómo la fragmentación del estado, la corrupción y la impunidad han dado lugar a «zonas liberadas,» donde la legalidad parece ser una noción lejana. Este fenómeno se ve agravado por un discurso que presenta la minería ilegal como una “minería de los pobres,” desdibujando las líneas entre la necesidad económica y la actividad criminal. En consecuencia, esta narrativa ha terraformado la realidad, transformando la percepción pública y social respecto a la minería ilegal, la cual, lejos de ser una solución, se ha instaurado como un problema masivo que afecta a todo el sector.
El trasfondo de esta crisis es un mercado ilegal robusto que sostiene la actividad minera fuera de la ley, especialmente en el caso del oro, mucho del cual proviene de la minería informal. O’Brien enfatizó que la penetración de mafias en instituciones gubernamentales es alarmante, donde las conexiones políticas permiten que se pierda el control territorial, facilitando así el crecimiento de la minería ilegal. Esta pérdida de autoridad genera un vacío que las organizaciones criminales han sabido explotar, generando una anarquía regulatoria que pone en riesgo a comunidades y empresas legítimas.
Finalmente, O’Brien hizo un llamado urgente a la colaboración entre mineros y propietarios de tierras para abordar el problema de la posesión y las concesiones. «Si no encontramos la manera de avanzar juntos en los proyectos mineros, es la minería ilegal la que saldrá ganando,» advirtió, enfatizando la necesidad de una solución colaborativa para proteger los recursos y el desarrollo sostenible del sector. Así, el desafío no solo es combatir la ilegalidad, sino también reconstruir la confianza y la cooperación entre todos los actores involucrados en esta vital industria.
