El nuevo oro blanco se llama litio y la Argentina es uno de los países con más reservas en el mundo, junto a Bolivia, Chile y Brasil. Pero el mayor consumidor de litio del planeta no es EEUU sino China, cuyas empresas tecnológicas e industriales han desplazado a las multinacionales norteamericanas en la fabricación de autos eléctricos, teléfonos celulares de última generación, computadoras y otros aparatos electrónicos con baterías incorporadas.
Esta nueva normalidad global, con o sin pandemia, necesita de un insumo fundamental que se encuentra en América del Sur y que de no implementarse una política soberana podría correr la misma suerte de la cadena de subdesarrollo que produce la apropiación de la renta por la producción de la mayor cantidad de alimentos del subcontinente (soja, trigo, maíz, carne vacuna), con la ganancia mayoritaria en manos de unos 2500 productores ruralistas de la pampa húmeda nucleados en entidades como la Sociedad Rural Argentina (SRA).
A diferencia de Bolivia, la Argentina no cuenta con una empresa nacional de control y manejo del litio como bien público del país en beneficio de los 45 millones de argentinos; pero lograr que se fabriquen baterías aquí sería un salto de calidad.
Aquí se ha desarrollado una lógica histórica que tiene un antecedente en lo que hizo el depredador y parasitario Reino de España con las riquezas de Potosí y el saqueo sistemático de los metales preciosos y el manejo de los puertos para el pillaje y el contrabando en nombre de asociaciones fantasmales y compañías trasnacionales.
Un sistema que no varió demasiado desde Rivadavia salvo las excepciones de los gobiernos nacionales y populares que intentaron poner un freno a la codicia extranjera con lineamientos que anhelaron la creación de fuentes de trabajo propias y el valor agregado en el uso de las materias primas.
Ejemplos: la Argentina le vende miles de toneladas de poroto de soja a China, pero esa renta queda en manos de unos pocos dueños de campos que son los mismos que imponen el precio de los alimentos a todas las familias argentinas y destruyen la sustentabilidad de la madre tierra por el lucro.
Además, condicionan al Estado Nacional por las exportaciones no liquidadas e inciden en las reservas del Banco Central por la falta de transparencia en la venta de las mercaderías dolarizadas por los mercados internacionales.
Esto se produce de facto con el agravante de que no están dispuestos a garantizar el valor accesible en pesos para el abastecimiento del mercado interno. Por eso el obrero argentino paga el costillar de asado o el bife de costilla a un precio semejante al que lo abona un obrero escocés o alemán que cuentan con salarios en libras y euros.
Una locura que solo sucede en economías dependientes y subdesarrolladas como analizó el extraordinario historiador británico, Eric Hobsbawm en “La era del Imperio” (1875-1914) e “Historia del siglo XX” editados entre 1987 y 1998 respectivamente.
Reuniones
El pasado 8 de enero, el canciller Felipe Solá mantuvo una reunión bilateral con su par japonés, Toshimitsu Motegi.
Allí se habló de las relaciones entre ambos países y del curso de la pandemia –luego de una primera reunión principal donde estuvieron el Presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero-, Solá puso el foco en que Japón podría fabricar todo tipo de baterías en Argentina a través de la compañía Toyota Tsusho que opera en Jujuy en sociedad con capitales australianos.
China es el principal comprador de litio de la región y firmó acuerdos con el Estado Plurinacional de Bolivia para fabricar baterías, al igual que una compañía alemana.
Algo similar podría hacerse en Jujuy, donde existe el gran proyecto vigente del salar de Olaroz, otro en el salar de Cauchari, más una iniciativa en etapa de estudio en el salar de Cauchari, además de otros cinco que están siendo explotados en diversos salares como el de Jama, Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. O más adelante en Catamarca, que tiene varios proyectos de litio e incluso ya produce.
Con el litio argentino, China producirá baterías para la industria tecnológica y autos eléctricos.
¿Cuál es el problema?
Hay que evitar que pase con el litio lo que ocurre con la carne, la pesca, la soja, el trigo y el maíz.
Un Estado activo es fundamental para garantizar la soberanía energética, tecnológica y alimentaria de su población en tiempos de severa crisis económica, sanitaria, social y psicológica por el virus del Covid-19.
El recién asumido gobierno de Bolivia lo tiene muy claro. La política soberana es de 2008 con Evo Morales. Ese año la resolución Nº 3801 aprobó el Proyecto de Desarrollo Integral de Salmueras del Salar Uyuni y la instalación y puesta en marcha de una Planta Piloto para el procesamiento de litio.
Además en 2008 se creó la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) que fue el antecedente de la creación -en 2017-, de la empresa pública, estatal y nacional Yacimientos Litiferos Bolivianos (YLB).
Nueve años después, mediante la sanción de la Ley Nº 928 se creó la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), en reemplazo de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE).
La ley afirmaba que “Yacimientos de Litio Bolivianos, era responsable de realizar las actividades de toda de la cadena productiva: prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización”.
“En abril de 2018, la empresa alemana ACY Systems fue seleccionada por reunir las mejores oportunidades económicas, tecnológicas y de mercado; luego de que el Estado boliviano definiera las condiciones que mínimamente debería cumplir la empresa o el consorcio, para ser seleccionado para la fase III en carácter de socio estratégico de YLB (donde se destaca que se mantenga la participación mayoritaria estatal -51%- y garantizar mercado para los productos producidos por la asociación en territorio boliviano, en especial las baterías de ion-litio). El acuerdo entre la empresa boliviana y la empresa alemana tenía como finalidad la instalación de una planta de producción de materiales catódicos y baterías de ion-litio”, explicó la investigadora Agustina Sánchez de la Universidad de Lanús.
El acuerdo con Alemania para la explotación del litio boliviano con valor agregado en beneficio del país y las reuniones bilaterales de Morales con Vladimir Putin en Moscú para cerrar, entre otros asuntos, la comercialización del gas y del litio en la región, fueron el detonante del golpe sangriento cívico-militar- contra Evo Morales en Bolivia.
En Argentina, las empresas multinacionales generan cientos de empleos en Jujuy, Salta y Catamarca. Pero al revés de lo que sucede en Bolivia la participación del estado es minoritaria.
En la reforma constitucional de 1949, con el tan mencionado primer gobierno de Juan Domingo Perón, había quedado establecido claramente que “los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.
Claro que después llegó la llamada “Revolución Libertadora” y derogó esa Constitución, proscribió y persiguió con fusilamientos al peronismo hasta la dictadura de 1976 cuya matriz ideológica y económica refundó Mauricio Macri hasta 2019.
En uno de sus mejores libros de revisión histórica documentada, “Política Británica en el Río de La Plata”, Raúl Scalabrini Ortiz reflexionó: “Nuestra liberación será obra de nuestra constancia, de nuestra fe y de nuestro valor. Saber que se está construyendo una patria es un estímulo bien grande para nuestras pequeñas vidas. Más no olvidemos que toda obra grande es producto de la acción, no de la meditación ni de la esperanza. La propiedad y la libertad se conquistan”.
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