Con toda una artillería de argumentos económicos, sociales y ambientales expusieron este miércoles los representantes de BHP Minerals America, Antofagasta Minerals y Candelaria su posición contraria al proyecto que modifica el royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio ante la comisión de Minería y Energía del Senado, que presidió la senadora Loreto Carvajal. Las mineras coincidieron en que, de aprobarse la propuesta del gobierno, Chile arriesga a perder el liderazgo del mercado que ostenta a la fecha, con más de 25% de la producción mundial. Y aunque se abrieron a aumentar su contribución al fisco, afirmaron que el actual proyecto elevará las tasas efectivas de impuestos a cerca de 50%, arriesgando la competitividad de Chile como país minero.
La presidenta de la comisión informó que el próximo viernes el ministro de Hacienda expondrá los cambios al proyecto, el que debería votarse entre el 6 y 7 de noviembre. En sesiones anteriores habían expuesto otras empresas mineras más pequeñas y los gremios del sector.
René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Minerals América, enfatizó en su exposición que el grupo contribuye en forma significativa al país a través del pago de impuestos y del desarrollo de la industria proveedora. “A comienzos de este año pagamos US$ 2.200 millones al Fisco en impuestos totales, la mayor contribución de una empresa minera. Eso demuestra que la actual estructura tributaria cumple con lograr una mayor recaudación en épocas de mejores precios, sin desalentar la inversión”, afirmó. En 2021, dijo, destinaron más de US$ 4.000 millones para compras a proveedores, 96% a empresas chilenas, de los cuales US$ 650 millones fueron a proveedores de Antofagasta y Tarapacá y US$ 380 millones a pymes.
BHP, firma de origen australiano, opera en seis países y tres continentes, tiene más de 30 años en Chile y en 2021 produjo 1,3 millón de toneladas de cobre fino, sumando sus tres operaciones: Escondida -el mayor yacimiento del país- Spence y Cerro Colorado, siendo el segundo productor en Chile, tras Codelco. En sus faenas trabajan más de 27.000 personas.
Muga resaltó que han invertido más de US$ 4.600 millones en plantas desaladoras para Escondida y Spence, operaciones que ya casi no usan agua dulce y que transitan desde el carbón a las energías renovables, con un plan para llegar al 100% en los próximos tres años.
El ejecutivo afirmó que el cobre aún representa una gran oportunidad para Chile, ya que se estima que la demanda aumentará 27% hacia 2035, con la descarbonización y el desarrollo de energías renovables como principales motores. Pero para mantener su posición de mercado, Chile debe aumentar en 1,8 millón de toneladas su producción a igual fecha. BHP evalúa una cartera de proyectos por más de US$ 10.000 millones para hacer más sustentables sus operaciones y extender la vida útil de sus yacimientos, como una nueva concentradora para Escondida subterránea.
“Las actuales indicaciones al royalty alejan al país de la oportunidad que tenemos y afectará nuestra competitividad en relación con otros competidores y a nuestras mismas operaciones en otros países. Para lograr la meta del 0,5% del PIB que el Ejecutivo se propone recaudar con este impuesto, se requeriría aumentar la tasa efectiva en alrededor de 11 puntos, lo que resulta desproporcionado y contraproducente para el desafío de inversión que enfrentamos”, lamentó Muga. Agregó que, a un precio promedio de US$ 3,7/libra, la propuesta dejaría a Chile con una tasa efectiva alrededor de 10 puntos porcentuales sobre sus principales competidores (Perú, Canadá, Australia), sin considerar el agravante de las diferencias de riesgo institucional. Con ello, la tasa en Chile subiría al 50%.
Muga alertó, además, sobre los efectos del impuesto en escenarios de precios más altos, puesto que la competitividad también se juega en aquellos tramos de precios en torno a los US$ 5/lb, que es donde la industria recupera inversiones realizadas, financia nuevos proyectos y asegura la caja para cumplir con sus obligaciones adquiridas en escenarios de precios bajos, dijo. “Los países mineros de mayor tradición lo han entendido: Canadá, Australia e incluso Perú, tienen una estructura de royalty que mantiene tasas efectivas alrededor del 40% a medida que los precios del cobre crecen. Chile no puede aumentar de manera desproporcionada sus impuestos en un mundo global sin afectar significativamente los niveles de inversión”, enfatizó.
Aludió a un estudio de investigadores de las universidades Católica y de Chile, según el cual el país podría perder cerca de 12 millones de toneladas de cobre, el doble de la producción 2021, con la propuesta de royalty, lo que, sumado a condiciones de producción cada vez más complejas y costosas, llevaría la participación de Chile a un 16% del cobre mundial hacia 2040.
Muga alertó, además, que con la actual propuesta, BHP se vería obligada a reconsiderar inversiones de US$ 10.000 millones, ya que fue diseñada bajo los actuales parámetros. “La tasa interna de retorno del proyecto Spence de expansión con la nueva concentradora hubiera sido insuficiente para competir con otros proyectos al interior de BHP y habría significado una pérdida de US$ 2.500 millones en inversiones y 12.000 puestos de trabajo. En el caso de Cerro Colorado dejaría fuera de competencia los proyectos para reabrir el yacimiento. En resumen, habría impactos materiales evitables con un buen esquema tributario”.
Sin embargo, se mostró disponible a elevar los aportes al fisco. “Creemos que hay espacio para aumentar la contribución económica de la industria minera en un marco de estabilidad y trabajo colaborativo que proteja la sustentabilidad y los planes de largo plazo para continuar aportando al desarrollo del país”.
La vocería de Antofagasta Minerals, el holding del grupo Luksic, estuvo a cargo del vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad René Aguilar, quien destacó que en 2021 la carga tributaria de la compañía fue de US$ 1.333 millones e invirtió US$ 1.778 millones, más del doble de lo que costará el puente en Canal de Chacao, comparó.
Aguilar fue enfático en que el aporte más importante de la minería a Chile no ocurre a través de los impuestos, sino vía actividad económica y encadenamientos productivos, puestos de trabajo de calidad, la inversión social que beneficia a las comunidades cercanas a sus operaciones y e innovación: “Cualquier cambio que afecte a la actividad minera no solo afecta a las operaciones actuales y futuras; también impacta en la posibilidad de avanzar en las transformaciones que impulsa la industria para lograr una minería cada vez más moderna y sostenible”, dijo.
El grupo recordó que el país ha venido perdiendo participación en la producción mundial de cobre desde el 34% a cerca del 26% actual, principalmente por una baja en las leyes de los minerales. “Producir cobre en Chile es más complejo y tiene más costos comparados con otros países; es más difícil atraer las inversiones, indispensables para financiar nuevos proyectos. La minería requiere enormes inversiones desde la fase de exploración y una parte muy considerable no se traduce en aumento de producción. En nuestro caso, durante los últimos 5 años la mayor parte de nuestras inversiones han estado destinadas a compensar la baja en las leyes de nuestros yacimientos además de financiar avances en sustentabilidad e innovación”, detalló. Y agregó que, sin estas inversiones, sería imposible incorporar las nuevas exigencias ambientales y comunitarias: “Por eso es indispensable considerar la depreciación de las inversiones en el cálculo de la renta minera. Este es un punto muy relevante para grupos como Antofagasta Minerals, que tiene una cartera potencial de inversiones cercana a los US$ 5.000 millones”, sostuvo.
Al modelar lo que habría pasado con los resultados de sus yacimientos Centinela y Antucoya, los de más reciente incorporación, con el actual proyecto de royalty, la tasa efectiva de impuesto sería mayor cuando el precio del cobre y las utilidades de las empresas son más bajos. “Cuando los resultados son peores se observan cargas tributarias más altas, por sobre el promedio de las tasas efectivas de otros distritos mineros. Todo lo anterior no significa que estemos en contra de aumentar la contribución de la minería a Chile. Por el contrario, entendemos las urgencias y la responsabilidad que tenemos cono el principal sector económico, pero es importante considerar que el grueso del aporte de la minería no se materializa a través del impuestos: cerca del 80% de los ingresos de Antofagasta Minerals en 2021 se utilizaron en proveedores, remuneraciones, inversiones y aporte a las comunidades, otro 10% fue a pago de impuestos y el 10% restante a los inversionistas(…). Cualquier cambio tributario no debe perjudicar el desarrollo del sector, sus operaciones, inversiones y menos sus avances en sustentabilidad”, dijo, coincidiendo con BHP.
Antofagasta Minerals opera cuatro compañías junto a sus socios, principalmente empresas japonesas y emplea a 25 mil personas. Su mayor yacimiento es Los Pelambres.
Por Minera Candelaria expuso su presidente, Luis Sánchez, quien enumeró diversos impactos negativos del royalty en su operación. El ejecutivo afirmó que el componente ad valorem resulta ser más gravoso para empresas de costos altos, que operan yacimientos de menos calidad geológica, más aún porque se aplica directamente sobre los ingresos y porque se pagaría incluso en años con pérdidas, dado que no considera los costos ni márgenes operacionales.
“Un impacto relevante para nosotros es que la norma de relación entre faenas mineras dejaría expuesto a este componente a compañías de menor tamaño como Minera Ojos del Salado, que produce alrededor de 40.000 toneladas de cobre fino al año”, advirtió.
El distrito Candelaria, ubicado en Tierra amarilla, lleva 27 años de operación. Está compuesto por las operaciones Candelaria y Ojos del Salado, y es propiedad de la canadiense Ludin Mining (80%) y Sumitomo (20%). Candelaria está compuesta por un yacimiento a rajo abierto y otro subterráneo, y Ojos del Salado, por dos yacimientos subterráneos. Las actuales proyecciones de vida útil de Candelaria se extienden hasta 2040.
Sánchez refirió que sobre el royalty aplicado sobre la renta operacional, las tasas serían progresivas, “pero determinadas en base al precio del cobre promedio, sin tomar en consideración los márgenes operacionales de cada faena, lo que se aleja realidad económica cada compañía. Esto sumado a que no estaría incentivando inversión al no poder usar como gasto la base imponible de este componente, la depreciación del activo fijo como tampoco la amortización de los gastos de organización y puesta en marcha, genera una inconsistencia, dado que para las demás sociedades se está planteando una depreciación instantánea”.
“Como parte del análisis hemos calculado que las tasas efectivas que tendríamos, considerando diversos escenarios de precio del cobre, entre 2024 a 2045, nuestra carga tributaria subiría desde los actuales 37% a 38% a niveles cercanos o superiores a 50%, perdiendo competitividad sobre todo al compararnos con la carga tributaria de otros países en que el grupo Lundin tiene operaciones”, acotó. En Chile, sus planes de inversión rondan los US$ 600 millones.
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