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En un contexto de fuerte avance de las políticas extractivas impulsadas desde el gobierno nacional del Frente de Todos, y del gobierno de la provincia; la Asociación Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) presentó a través del Instituto Superior Técnico N° 9-019 INSUTEC un pedido ante la Dirección General de Escuelas (DGE) para que se incorporen en los diseños curriculares contenidos de geología y minería.
Este proyecto se suma a otros pedidos impulsados en los últimos días. Por un lado, al iniciado por medio de nota presentada en la Legislatura provincial por las empresas nucleadas en ASINMET, CAMEM, CAC y UIM y los trabajadores de los sindicatos AOMA, UOM, UOCRA y ASIMRA para que se facilite el tratamiento de los proyectos mineros que puedan concretarse por fuera de la ley 7722. Y más fuertemente, al reclamo del intendente de Malargüe para quedar exceptuados del cumplimiento de dicha ley reguladora de la actividad minera. En otras palabras, modificar la 7722 para zonificar la provincia de Mendoza.
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Si bien desde hace tiempo los partidarios de la megaminería vienen impulsando esta idea de que se puede “enseñar” desde una supuesta visión de “minería sustentable”, fue después del “Foro de Metalmecánica y Minería” realizado el día martes 17 de mayo de 2022 en el lujoso Hotel Hyatt de la ciudad de Mendoza cuando comenzaron a materializar sus propuestas. En dicho foro pusieron en cuestión a organizaciones socioambientales y su tarea militante de “concientizar” desde las infancias y solicitan poder ingresar a las escuelas e impartir una visión que plantee la posibilidad de realizar una minería “bienestar, ambiental y socialmente sostenible”.
Los empresarios y los técnicos aliados plantean – lineal y livianamente – que se ha permitido durante años construir una imagen negativa de la minería en niños/as y adolescentes que se convirtieron en los/as adultos/as que hoy enfrentan a los proyectos megamineros. Por eso piden – desconociendo lo que efectivamente pasa en las aulas y con total subestimación hacia la tarea docente y la capacidad de comprensión de la población-, que se incorporen sus visiones y valoraciones sobre minería a los diseños curriculares como contenidos mínimos y que haya cursos de capacitación a docentes para revertir esta situación.
Sobre esto, Karina Castañar, profesora de Historia e integrante de la Asamblea Tupungato por Agua Pura nos decía: “hay un total desconocimiento de los Diseños Curriculares, porque los contenidos sobre minería se dan, tanto en Primaria, como en Secundaria. En la Primaria se dan en el marco de temas como procesos productivos y las características de la economía de Mendoza. Es un contenido curricular. En el tema circuitos productivos se habla de explotación minera. En la Secundaria también, y también ligado a Historia. También es contenido curricular la educación ambiental. El cuidado del agua, el cuidado del planeta, sobre todo en una provincia como Mendoza, es importante.
Lo que no saben es que la educación tiende a desarrollar capacidades. La capacidad del pensamiento crítico es fundamental para la vida. Las infancias deben adoptar una postura propia con respecto a estos temas. Tienen que ir adquiriendo compromisos y responsabilidades con respecto al ambiente, al cuidado del paisaje, del agua, del planeta.
Lo que está claro es que desconocen totalmente las aulas, y sobre todo la labor de los docentes, que estamos formados y damos estos temas, que son parte de los Diseños Curriculares.
Sabemos que quieren incorporar la minería desde una sola perspectiva: la empresarial, codiciosa, arribista. Una intención clara de adoctrinar”.
No sorprende este proyecto impulsado por los empresarios y habrá que estar atentos y atentas a la respuesta que brinde la Dirección General de Escuelas, considerando sobre todo que a lo largo de los años vigencia de la ley 7722, en el territorio provincial muchos/as docentes han sido perseguidos por dar temas relacionados con el cuidado del agua, a pesar de ser contenido curricular, sancionados y en ocasiones, perdido sus puestos de trabajo por hablar críticamente de la megaminería en las escuelas.
Todo esto que plantean ya existe
A nivel nacional, además de leyes a favor del saqueo las megamineras vienen contando con la invalorable ayuda de la Ley de Educación Superior menemista, que se ha mantenido intacta todos estos años y que impone que las universidades públicas resuelvan el déficit presupuestario con formas de financiamiento “alternativo” a cambio de prestar servicios a empresas. Con este mecanismo el gobierno no invierte, las empresas ahorran y se legaliza el saqueo desde el CONICET y los centros de investigaciones de las universidades nacionales en los cuales muchos investigadores/as tienen sus cerebros al servicio de las mineras y petroleras.
Al respecto, María Marta Bernabeu, Profesora de Geografía, agregó que “no sólo en las universidades, sino también en el sistema científico nacional (Conicet, agencia) se promueven acuerdos y financiamientos con el sector privado, así como «temas estratégicos” para dicho sector, lo que lleva a que se subsidien investigaciones al servicio de las empresas. Incluso desde las autoridades se cuestionan las miradas ambientalistas, el mismo Lino Barañao que fue ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación entre 2012 y 2019, dijo que el glifosato no causa daños. A pesar de esta orientación, hay resistencias en el mismo sector, donde se han demostrado no sólo el impacto en el medioambiente de actividades extractivas como la minería o del uso de agroquímicos, sino también la conflictividad que se genera en las comunidades. Como por ejemplo, Andrés Carrasco, un científico que confirmó los efectos perjudiciales del glifosato, que acompañó con su investigación a los pueblos fumigados y cuestionó que la ciencia esté al servicio de las corporaciones”.
Por su lado, la llamada “Red de académicos mineros, por una minería sustentable”, está encabezada, justamente, por el INSUTEC. Desde allí impulsan la necesidad de que se revierta la visión que hay sobre la minería acusando a la docencia que se maneja por “mitos instalados que no permiten avanzar con esta actividad, que consideramos la madre de las industrias”.
Un discurso que no puede explicar por qué en provincias megamineras como La Rioja o Catamarca encontramos los índices más altos de analfabetismo en las infancias.
Los cuentos del pequeño minero
Estos planes de involucrarse en el sistema educativo no son nuevos ni en el país ni en la propia Mendoza. El modelo a seguir para los empresarios mendocinos es San Juan. De allí toman ideas y estadísticas que según ellos confirman los “éxitos” de la producción minera.
Es en dicha provincia vecina donde en 2016 y a poco de conocerse el segundo derrame de Minera Barrick Gold, vecinos/as de Jáchal denunciaron el reparto de libros de cuentos para niños/as a favor de la minería: “La gota Carlota” y “Piedra y montaña” que llevan el auspicio del gobernador Sergio Uñac, del ministro de Minería Valentín Hensel y de la Cámara Minera de San Juan.
La “batalla cultural”
Un argumento muy trillado de quienes defienden el vergonzoso esquema de saqueo minero es el de la generación de puestos de trabajo, discurso que se cae rápidamente ya que los emprendimientos a cielo abierto necesitan mínima mano de obra y, a lo sumo, algunos técnicos calificados. Malargüe no responde a la imagen publicitaria típica mendocina de producción: viñedos esplendorosos creciendo al sol. Allí hay explotación minera y producción de papa, cebolla y ajo. Fue el lugar donde Odebrecht y Techint construyeron la empresa Vale en la mina de potasio de Río Colorado con promesas, mucha expectativa y pocos requisitos. Pero de un día para otro se fueron a Brasil y, directa o indirectamente, dejaron más de seis mil familias sin trabajo. Desde el gobierno y las empresas responsabilizan a las organizaciones socioambientales por defender la Ley 7.722, que prohíbe la utilización de cianuro y otras sustancias para extraer metales. Pero lo que no quieren discutir es la lógica de una sed de ganancias ilimitada para unos pocos.
Ya sabemos como funciona cuando se acaban esas reservas. En los territorios y pueblos quedarán contaminación, pasivos ambientales sin remediación, desempleo, corrupción, desarticulación de la sociedad y destrucción de cualquier otra actividad productiva en las zonas de explotación.
Por unas pocas monedas de inversión, las empresas extranjeras (canadienses, estadounidenses o británicas) se llevan todo con mínimas retenciones; sin impuestos; con infinidad de beneficios impositivos, reintegros por exportaciones y combustible y subsidios a la energía eléctrica. La sed de lucro inmediato no repara en daños. La megaminería destroza partes enteras de cuencas hídricas, que en zonas áridas y semiáridas como Mendoza, La Rioja o San Juan son vitales.
Por su parte María Teresa Cañas, “La Guni”, profesora de Biología y Bromatóloga, a cargo de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UnCuyo e integrante de la Asamblea Popular por el Agua denunció que “hay mucho lobby en los medios de comunicación metiendo el tema de la minería, haciendo muchos reportajes a Ojeda, llevando una escuela de las miles de escuelas que hay en Mendoza, justamente de Malargüe, haciendo prensa con eso. Con lo difícil que es entrar a las escuelas, porque la DGE no deja entrar a las escuelas a organizaciones como las Asambleas.
Aunque no haya ningún proyecto concreto ingresado a la Legislatura con proyectos mineros, los estamos mirando. Ya saben a qué atenerse con las asambleas y con el pueblo de Mendoza.
Malargüe tiene otras posibilidades de desarrollo económico. Están además las comunidades mapuches, a las que tienen que consultar, por ley y tienen que contar con su consentimiento. Además está el criterio de cuenca hidrográfica. La cuenca del Atuel es compartida con San Rafael y General Alvear. Y la del Grande con 4 provincias. Y el Malargüe desemboca en Llancanelo que es un sitio RAMSAR, Área natural protegida.
La 7722 no prohíbe, restringe. Pone tope a los venenos. En Malargüe hay actividad petrolera, que sigue estando. Pero también hay actividades ilegales como el fracking. La zonificación pasa por arriba la idea del ambiente como un todo. Tenemos minas como la de Gualcamayo, en San Juan, pegada a la Rioja, y los efectos son en toda la zona. O la Minera Alumbrera, que repite “accidentes” cuyos efectos llegan hasta Tucumán. No se entienden los cambios graves que están sucediendo a nivel naturaleza, con efectos como el cambio climático.
Los ejemplos que ellos ponen de bonovia son de lugares remotos, incomprobables. Nunca ponen ejemplos de Argentina, porque los desastres si son comprobables. Ellos pueden inventar escenarios institucionales como las mesas, los consejos y seguir con el lobby mediático, pero la conciencia por el cuidado del agua, en Mendoza, es muy grande. Y mientras hablan de diálogo, al otro día de esa mesa de diálogo, al otro día hubo represión. No hay consenso con la megaminería, siempre es imposición”.
Los dólares para el FMI y los empresarios
En el marco de esta avanzada del lobby empresarial y promegaminero, fueron los docentes, precisamente de San Juan, a quienes reprimieron por pedir aumento de sus miserables salarios.
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Estas situaciones ponen en duda al “Modelo San Juan” que proponen funcionarios y empresarios para imponer en Mendoza: ¿Dónde queda la riqueza de la minería si no se invierte en educación, garantizar infraestructura, becas, boleto gratuito, salarios dignos para la docencia?
Es un intento de avanzada muy peligroso que nos obliga a prender alarmas y alertas. Los y las trabajadoras de la educación hemos sido partícipes de la construcción de los argumentos y el conocimiento que construyó y defendió la Ley 7722, “guardiana del agua”. No vamos a sostener una falsa “objetividad”, ya que toda educación es política. Lo que está en juego es si la educación ambiental, los contenidos sobre Geología, minería, etc. queda en manos de quienes van por todo, poniendo sus intereses económicos egoístas, o peleamos por el contenido y la forma de una educación y un conocimiento científico puestos al servicio de las mayorías. ¿Solo tienen derecho a dar su perspectiva aquellos que contaminan y se apropian de lo que es de todos y todas? o acaso, ¿no tenemos derecho a debatir democráticamente y honestamente cómo queremos vivir? La escuela debería ser el lugar para hacerlo y no que la política educativa sea convalidar el discurso del saqueo, la desigualdad y la rapiña.
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