2.500
solicitudes de contratos de concesión se verían afectados con la moratoria.
La operación minera del país tampoco escaparía a la lupa del nuevo gobierno con la propuesta que le hizo la comisión de empalme al presidente Gustavo Petro, para declarar la moratoria minera, como parte de la estrategia para el sector extractivo en los primeros 100 días de la próxima administración.
La iniciativa, que cobijaría a todas las actividades de este tipo que se realizan en el territorio nacional, consiste inicialmente en detener las autorizaciones para nuevas concesiones mineras, a través de rondas públicas o solicitudes directas bajo el esquema de “primero en el tiempo, primero en el derecho”, y que coordina la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Además, y en una línea muy similar a la operación petrolera, el próximo gobierno mantendría los contratos mineros actuales, pero entraría a revisar que cada concesión cumpla con las obligaciones en temas ambientales, sociales y económicos.
De acuerdo al informe de empalme, la moratoria minera también permitiría establecer el potencial del país en materia de minerales estratégicos para la transición energética y búsqueda de mecanismos que permitan su explotación y uso en la industria local.
Así mismo, revisaría los acuerdos de coordinación y concurrencia suscritos por la ANM con los alcaldes; y diseñaría un nuevo modelo minero que vaya en línea con las prohibiciones y restricciones ambientales y los esquemas de ordenamiento territorial.
Además, la intención con la moratoria sería revisar el actual Código Minero (Ley 685 de 2001) con el fin de hacerle reformas y ajustarlo para que la comunidad tenga un control más estricto sobre el desarrollo de las operaciones extractivas del país.
Freno a proyectos clave
Para analistas del sector minero consultados por El COLOMBIANO sobre los alcances y afectaciones de la moratoria minera propuesta por la comisión de empalme, la iniciativa genera incertidumbre, más en la gestión que pueda tener en el futuro la ANM.
“La iniciativa le daría mucho más poder a las autoridades ambientales del orden nacional, regional y local para el otorgamiento de nuevos títulos mineros, y la Agencia no contaría con la potestad o relevancia para entregarlos”, explicó Nicolás Arboleda, asociado de Energía, Minas e Infraestructura, de la firma Baker McKenzie.
Así mismo, el analista subrayó que iniciativas a gran escala y producción industrial considerados Pine (Proyectos de Interés Nacional Estratégico) como el cuprífero de Quebradora o el auríferfo de Soto Norte quedarían congelados por cuenta de esa figura, ya que no podrían presentar nuevamente ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la solicitud de aval.
“La moratoria también buscaría que aquellos títulos mineros otorgados hace años y que no han comenzados su fase exploratoria sean devueltos al Estado”, recalcó Arboleda.
Por su parte, Inés Elvira Vesga, partner de Holland & Knight Colombia, explicó que se reorientaría la operación extractiva del país con parámetros de procesos ambientalmente sostenibles, no solamente con las concesiones con contrato actual, sino con las futuros convenios, los cuales serían para la exploración y producción de minerales que son claves y estratégicos para la transición energética como el cobre, níquel, litio, cobalto, e incluso el oro.
“El nuevo gobierno mantendría los contratos actuales pero revisaría que cumplan con los parámetros ambientales en su operación”, reiteró la analista.
Opinión de los gremios
Al indagar con gremios del sector extractivo sobre los alcances, y cómo afectaría esta figura a las tareas mineras, expresaron su cautela con respecto al tema, y coincidieron en señalar que esperarán a que la próxima administración tome una decisión.
“La industria minera colombiana esta abierta para trabajar de la mano con el nuevo gobierno en la construcción de la hoja de ruta de los minerales que necesita Colombia para hacer realidad los compromisos ambientales, y garantizar la seguridad alimentaria, económica y energética de los colombianos”, señaló Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
El líder gremial indicó además que “en ese sentido, estamos a la espera del nombramiento de los funcionarios que estarán a cargo de la cartera de minas y sus entidades adscritas para que podamos conversar sobre las recomendaciones del comité de empalme y muchas otras iniciativas que se han expresado durante los últimos meses”.
Sin embargo, la propuesta de la moratoria minera genera inquietud en el sector ya que se suspenderían de facto los trámites para el otorgamiento de nuevos títulos mineros, lo que desaceleraría al sector. Más cuando aplica tanto para la recepción de nuevas solicitudes, a través del Catastro Minero, como para los trámites que están en curso.
“En la actualidad estamos hablando aproximadamente de unas 2.500 solicitudes de contratos de concesión de diferentes modalidades y minerales, que en muchos casos llevan años esperando que se les resuelva”, indicó Carlos Andrés Cante, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón).
Y agregó que las afectaciones que se puedan presentar van a depender de la motivación y de la temporalidad de la moratoria.
“Es decir, si la motivación es tal y como se hizo en el 2011, para ordenar, entender y mejorar los procesos para el otorgamiento, resulta aceptable y esa medida no debería pasar de seis meses”, aseveró Cante.
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