Investigación en Curso: Posibles Daños Millonarios al Estado
La Procuraduría General de Panamá ha iniciado una investigación formal sobre posibles perjuicios económicos ocasionados por un contrato otorgado a la empresa de Hong Kong CK Hutchison para la operación de dos puertos clave en el país centroamericano. Esta acción legal surge a raíz de las críticas emitidas por la Contraloría General de Panamá, que señala que la renovación del contrato en 2021 implicó que el gobierno panameño «dejara de lado 1.300 millones de dólares» debido a los incentivos y beneficios fiscales concedidos a CK Hutchison.
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El procurador general Luis Gómez comunicó el inicio de esta investigación de oficio al contralor general Anel Flores, indicando que se indaga la presunta comisión de delitos contra la Administración pública y otros delitos en detrimento del Estado panameño. El contrato de 25 años con Panama Ports Company, en el que CK Hutchison posee una participación mayoritaria del 90% para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, ha estado bajo la lupa de una auditoría desde enero, cuyo informe final está próximo a concluir. Además, la Corte Suprema de Panamá también se encuentra deliberando sobre la legalidad del contrato desde febrero.
Las revisiones en curso sobre este contrato portuario se consideran potenciales obstáculos para una oferta significativa de la firma de inversiones estadounidense BlackRock, que busca adquirir el negocio portuario global de CK Hutchison, incluyendo los dos puertos panameños bajo investigación. Abogados y expertos sugieren que, si el gobierno panameño confirma irregularidades en la renovación de la concesión o si la Corte Suprema declara su inconstitucionalidad, la concesión otorgada a CK Hutchison podría ser revocada, generando importantes repercusiones en el sector logístico y la inversión extranjera en Panamá.
