Hace algunas semanas se puso en el tapete la posibilidad de realizar el proceso de consulta previa de manera virtual con el fin de proteger la salud e integridad de comunidades del país. Sin embargo, ello solo sería factible siempre y cuando los consultados acepten este tipo de comunicación.
La jefa de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Cultura (Mincul), Yohannaliz Vega, precisó al Diario Oficial El Peruano que todo proceso tiene que regirse al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la normativa peruana.
“Los mecanismos son aquellos que están acordados entre los pueblos indígenas y el Estado porque, naturalmente, si hablamos de que la consulta previa es un derecho y lo que procura es el diálogo intercultural, entonces tengo que conversar y acordar con los pueblos cuáles son los mecanismos apropiados en cada caso”, sostuvo.
Detalló que el Ministerio de Cultura, mediante la Dirección de Consulta Previa, espera articular la implementación de procesos de consulta previa a cargo del Estado en sus tres niveles de gobierno.
Vega recordó que la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas u originarios que busca lograr acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas.
En esa línea, dijo que el Estado garantiza el desarrollo de las etapas de la consulta previa mediante la permanente coordinación con los pueblos indígenas u originarios y la implementación de procedimientos acordes a su contexto social y cultural.
A la fecha, el Estado terminó 52 procesos de consulta previa. De los 52 procesos culminado, dos fueron proyectos de infraestructura (fluvial y vial), tres proyectos de generación eléctrica, diez áreas naturales protegidas, 19 proyectos en minería, 11 lotes de hidrocarburos, cinco medidas nacionales (tres reglamentos, un plan, una política) y dos patrimonios culturales de la nación (paisaje cultural).
En dichos procesos el Estado consultó a 926 localidades de 28 pueblos indígenas u originarios.
Estos procesos, detalló, abarcan 99 distritos, 40 provincias de los siguientes 14 departamentos: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali.
Las entidades que han realizado procesos de consulta previa (12 entidades públicas) son: Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ministerio de Educación (Minedu), Ministerio de Cultura, Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio de Ambiente (Minam), Sernanp, Ins-Censi, Serfor, Gore Loreto, Gore Cusco, Gore Ucayali y Municipalidad Distrital de Manseriche (Provincia de Datem del Marañón-Loreto).
A la fecha de la declaratoria de emergencia sanitaria, se estaban desarrollando, en alguna de sus etapas, nueve procesos de consulta vinculados.
Todos los procesos tienen al Ministerio de Energía y Minas como entidad promotora, salvo el último caso en el que la Municipalidad Provincial de Condorcanqui actúa como entidad promotora.
Según las entidades involucradas, el monto de inversión que comprometen estos proyectos supera los 2,300 millones de dólares.
En el mismo sentido, la directora Vega aseguró que las entidades involucradas aplicarán los protocolos respectivos para dialogar con las comunidades sin poner en riesgo su salud.
La funcionaria sostuvo que las comunidades están muy abiertas al diálogo.
“En el tema de la emergencia sanitaria, las entidades están tomando todas las precauciones para garantizar la salud de los ciudadanos”, manifestó Vega.
Comentó que algunos procesos estaban bastante avanzados, pero la pandemia generada por el covid-19 paralizó todo.
“Ahora, dependerá de las comunidades retomar desde el punto en que se avanzó hasta antes de la pandemia o desde el inicio”, remarcó.
El ex viceministro de Minas Rómulo Mucho afirmó que es importante conversar con las comunidades mediante mesas de diálogo. “Ya le hemos dicho a las empresas mineras que tienen que bajar al llano para conversar con la gente”, subrayó.
“(La minería tiene que comprarse los problemas del pueblo), tiene que entenderlos. Si falta saneamiento pues tiene que ayudar, si falta alumbrado público, internet o energía, tiene que ayudar. Si bien esos servicios los tiene que dotar el Estado, la minería debe ser el principal aliado para lograr el desarrollo”, enfatizó.
Afirmó que sería importante que se agilice la activación de proyectos mineros. “Cada proyecto minero genera recursos fiscales, canon y regalías, los cuales toman más importancia en un contexto de pérdida económica por la pandemia”, puntualizó el exviceministro.
