La Junta de Acreedores de Doe Run acordó cambiar al actual liquidador Alta Sierra Asesores y Consultores y posponer la decisión sobre el cambio de procedimiento concursal de liquidación en marcha a liquidación ordinaria, sostuvo el delegado de los acreedores laborales, Luis Castillo Carlos.
Según explicó a Gestion este acuerdo es producto del consenso al que llegó con el titular del Ministerio de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado, en una reunión sostenida el último lunes, y que fue aprobado en la sesión de la Junta de Acreedores.
Al explicar los motivos de la decisión, señaló que en setiembre la Junta acordó vender la mina Cobriza y adjudicar a los trabajadores el Complejo Metalúrgico de La Oroya, pero el liquidador (que asumió esta función en dicho mes) no logró concretar estos encargos dentro del plazo límite. Este venció el 18 de noviembre tras la extensión que fue concedida por el Indecopi, debido a la pandemia, al procedimiento concursal de hasta dos años de duración.
“Por un lado hicieron la venta de la mina Cobriza toda amañada, en la que al final la empresa china no cumplió con pagar ni la garantía ni tampoco pagó el precio, y lo otro es que tampoco quiere adjudicar a los trabajadores el complejo, a pesar de que nosotros, 1,350 trabajadores, nos hemos sometido a lo que el liquidador ha querido. Hemos presentado todos los documentos solicitados antes del 15 de noviembre”, indicó Castillo a gestion.pe.
En un informe enviado por Alta Sierra al presidente de la Junta de Acreedores, al que accedió gestion.pe, el entonces liquidador explicaba que la empresa ganadora en el proceso de venta de la Unidad Minera Cobriza incumplió con presentar un Stand by letter válido ante un banco peruano en el plazo pactado, por lo cual los resultados del concurso quedaron sin efecto.
De los 2,499 acreedores laborales de Doe Run que participan en el proceso, solo 1,307 son sujetos de adjudicación. Según el representante de los acreedores laborales, Alta Sierra les pedía a estos último un cheque de gerencia de US$ 56 millones que permitiera pagar a los que no recibirían la adjudicación. “Es un abuso total y por eso la gente se ha levantado en La Oroya. Lo que quería el liquidador era mandarnos a una liquidación ordinaria y despedirnos a todos”, sostuvo Luis Castillo.
Este miércoles se pretendía aprobar en la Junta de Acreedores el cambio de procedimiento concursal de liquidación en marcha a liquidación ordinaria (que implica el fin del vínculo laboral de los trabajadores), tras haberse vencido el plazo el 18 de noviembre para la adjudicación del complejo metalúrgico. Sin embargo, la Junta de Acreedores que es presidida por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) decidió este miércoles posponer el debate sobre este cambio.
Al ser consultado sobre estas decisiones, Luis Sierralta, gerente general de la liquidadora Alta Sierra, dijo no haber sido informado de ellas. “No podría afirmar ni negar (lo decidido por la Junta), porque desconozco esa información o lo que puedan haber conversado. No es ese mi tema (…), en estos momentos estoy tomando distancia de todo el tema”, dijo.
