La inversión minera en el Perú alcanzará los 4,800 millones de dólares en el presente año y llegará a los 6,000 millones de dólares en el 2021, proyectó hoy el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.
“En el caso del sector minería, continuaremos promoviendo la inversión a través de mejoras en el marco regulatorio. Para este año, se prevé que la inversión minera alcance una meta estimada de 4.800 millones de dólares al año 2020, y para el 2021, 6.000 millones de dólares”, indicó.
Pedro Cateriano resaltó que por concepto de canon minero los gobiernos regionales tienen actualmente más de 13,000 millones de soles que no han ejecutado presupuestalmente, a pesar de las necesidades existentes.
“Para superar esta deficiente administración de estos recursos económicos, se ha acordado emitir un decreto de urgencia que permitirá un uso expeditivo de este dinero en salud y agua potable”, sostuvo.
El primer ministro anunció también la emisión de otro decreto de urgencia para facultar de manera excepcional al Ministerio de Energía y Minas el financiamiento de estudios de preinversión y expedientes técnicos de proyectos de inversión pública a cargo de gobiernos regionales y locales, principalmente en el corredor minero, durante el presente año fiscal.
“Ello a fin de garantizar una ejecución ágil y eficiente de los recursos que les son asignados por distintas fuentes. Esto permitirá reducir brechas de infraestructura y de servicios en el ámbito de diversos gobiernos regionales y locales ubicados en zonas mineras o energéticas, y contribuir así a la reactivación económica del país”, dijo.
Por otra parte, Pedro Cateriano señaló que en las últimas dos semanas el Gobierno aprobó medidas que otorgan predictibilidad a las inversiones, eliminan barreras burocráticas, simplifican procesos, requisitos y reducen plazos, garantizando siempre el cuidado y respeto del medio ambiente y de los recursos naturales.
“También resulta necesario aplicar correcta y oportunamente la regulación sobre consulta previa y reducir por lo menos en seis meses el proceso, reafirmando además el compromiso del Estado con nuestros pueblos indígenas, para que sean reconocidos y escuchados, a la par de promover las inversiones mineras responsables, evitando la conflictividad social”, dijo Cateriano.