El Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú se encuentra en una misión decisiva: avanzar en su ambiciosa cartera de 51 proyectos mineros que abarcan inversiones por un asombroso total de US$ 54,556 millones. Con la reciente implementación de un decreto que amplía la capacidad de procesamiento de las minas del 5 % al 10 %, el país busca no sólo optimizar sus recursos, sino también estimular un sector vital para su economía. Antonio Mendoza, jefe del Gabinete de Asesores del Minem, ha enfatizado el compromiso del ministerio para transformar desafíos en oportunidades concretas.
Para garantizar el éxito de estos proyectos, el Minem está llevando a cabo un esfuerzo integral para revisar y mejorar la normativa ambiental, minera y social. Mendoza ha compartido que se están realizando reuniones estratégicas con diferentes empresas, con el objetivo de establecer plazos claros y prevenir obstáculos en la ejecución de los proyectos. De este modo, el ministerio aspira a ofrecer un ambiente de predictibilidad y confianza a los inversores, promoviendo un crecimiento sostenible y eficiente en la minería peruana.
Uno de los pilares fundamentales en esta reforma es la colaboración estrecha con otros ministerios, como el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Esta sinergia busca no sólo impulsar los proyectos existentes, sino también asegurar que las empresas mineras cumplan con las regulaciones ambientales necesarias. Mendoza se ha comprometido a escuchar las necesidades de los titulares de cada proyecto, fomentando un diálogo que permita un desarrollo más fluido y responsable de la actividad minera en el país.
A corto plazo, la presidenta Dina Boluarte anunció el inicio de cinco proyectos mineros con una inversión significativa de US$ 2,025 millones. Con iniciativas como la Ampliación Quellaveco y Corani en el horizonte, así como la reciente ampliación del plazo para la adecuación ambiental de actividades de hidrocarburos, el Minem demuestra que está tomando medidas audaces. Estas reformas y compromisos son un claro indicativo de cómo Perú pretende posicionarse como un líder en la inversión minera global, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad y el desarrollo social en las regiones afectadas.
