La mina de cobre Las Bambas, de la empresa china MMG Ltd, en Perú decidió volver a suspender sus operaciones este lunes, luego de que residentes de una comunidad cercana entraran en la propiedad de la firma como parte de una protesta, informó a la prensa Raúl Jacob, presidente de la cámara minera local SNMPE.
Jacob dijo que, a fines de la semana pasada, alrededor de 130 personas de la comunidad de Fuerabamba invadieron el yacimiento, lo que provocó la suspensión de las operaciones. La mina representa el 2% del suministro mundial de cobre y es objeto de interrupciones recurrentes por parte de las localidades aledañas, que exigen mayores contribuciones financieras de la mina.
La autoridad también se refirió al desafío que tiene Perú respecto de los proyectos mineros que, estima, demandará una inversión superior a los US$ 53 mil millones, cuya ejecución permitiría la generación de 2 millones puestos de trabajo, entre directos e indirectos.
Según medios locales, Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, explicó que la medida de protesta se produce porque aún no han logrado un acuerdo que permita atender las demandas de su comunidad.
Y es que, en los últimos días, se dieron visitas del Ministerio de Energía y Minas (Minem) a la zona, pero no se ha llegado a acuerdo concretos. De hecho, este domingo, el titular de la cartera Carlos Palacios Pérez, junto a un delegación de especialistas, estuvo en el distrito de Challhuahuacho, en Apurímac, para dialogar con los pobladores, en relación a sus solicitudes en contra de la minera.
Pero, tras no lograr pactos entre las partes, los pobladores ingresaron a los terrenos de la compañía, denunciando una serie de incumplimientos de los compromisos en beneficio de la población.
Vargas explicó que hay compendios de acuerdos por el reasentamiento en Fuerabamba que hasta la fecha no se cumplen, como -por ejemplo- la entrega de tierras por 180 hectáreas. Además, indicó, que no están saneadas legalmente varias compras de tierras ya entregadas, pero existen posesionarios en esas aéreas.
Otros flancos abiertos
Este nuevo conflicto, el tercera en este año,se produce en un momento en que la mina Cuajone de Southern Copper mantiene suspendidas sus operaciones desde finales de febrero, después de que residentes cortaran el suministro de agua de la empresa.
Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la paralización de Las Bambas y de la mina Cuajone afecta a 10 mil trabajadores.
La viceministra Elizabeth Silvestre se reunió con representantes de 11 comunidades campesinas que quieren ser incluidas entre las directamente afectadas por el proyecto Coroccohuayco, una explotación de cobre y oro gestionada por Antapaccay, filial de Glencore.
Según los habitantes de Espinar, si se desarrolla, la mina contaminará su medio ambiente y, en particular, sus fuentes de agua dulce que, dicen, ya están afectadas por otras operaciones mineras.
Entre las 11 comunidades, cinco anunciaron que iniciarán una huelga el 20 de abril de 2022, para presionar al Presidente Pedro Castillo a que visite Espinar y atienda sus demandas.
A pesar de la posible acción de protesta, el Ministerio de Medio Ambiente ha prometido trabajar junto con la presidencia del Consejo de Ministros y con otras carteras relevantes para discutir adecuadamente los problemas que afectan a Espinar y promover el desarrollo sostenible de la provincia.
No es la primera vez que el proyecto Coroccohuayco provoca conflictos en las comunidades. Ya en octubre de 2021, Antapaccay anunció que no pensaba ejecutar el proyecto en el corto plazo porque ha provocado que los pobladores cercanos protesten y bloqueen la carretera utilizada para transportar su cobre.
En ese momento, la filial de Glencore dijo en un comunicado que son partidarios de tener un proceso de consulta antes de decidir la construcción de Coroccohuayco.
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