Las nuevas tecnologías funcionan con grandes cantidades de minerales. Un auto eléctrico requiere seis veces más de esa materia prima que uno convencional. Si se quiere reemplazar a los combustibles fósiles, y reducir las emisiones de CO2, se debe invertir en más explotación de minerales para alimentar a las tecnologías eficientes y eco amigables.
Así, por ejemplo, un auto eléctrico necesita más de seis veces la cantidad de minerales que se ocupan en la fabricación de un vehículo que funciona con gasolina. Entre las materias primas más cotizadas están el cobre, níquel, zinc y grafito.
Según la Agencia Internacional de la Energía, una central eólica requiere hasta nueve veces más de esas materias primas (15.000 kilogramos de minerales por megavatio) que una que quema gas.
Lo mismo sucede con la tecnología de generación solar, la cual necesita hasta 6.500 kilogramos de minerales por megavatio.
En este contexto, la transición energética, e incluso la meta de emisiones cero de CO2 para 2050, no son posibles sin una inversión intensiva en la explotación e industrialización de la minería.
En Ecuador, aunque solo existan dos minas a gran escala, los minerales ya mueven hasta el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, alrededor de $1.500 millones al año.
Esos números se dispararán con la creciente demanda mundial, pero desde los movimientos sociales, ecologistas e indígenas se exige que se recorten con los combustibles fósiles y, a la par, se cierre la actividad minera.
A través de redes sociales, por ejemplo, líderes y activistas como Nina Gualinga puntualizó que el anuncio presidencial sobre la nueva reserva marina de las Galápagos es valioso, pero insuficiente.
Por una parte, recalcaron que, “necesitamos dejar los combustibles fósiles como el petróleo bajo tierra y una transición justa a energías renovables y a una economía que respeta la vida y la selva viviente”. Sin embargo, también mostraron una oposición radical al desarrollo minero, e incluso representantes indígenas y ambientalistas ya han presentado demandas de inconstitucionalidad contra el decreto 151.
Mediante ese decreto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, busca fomentar la inversión privada para que despegue la explotación de minerales en el país.
No existe actividad con impacto cero
Roberto Mendoza, economista e ingeniero ambiental, explicó que cortar la fuente petrolera, y al mismo tiempo negar cualquier desarrollo minero, se convierte en la fórmula perfecta para generar más pobreza y menos crecimiento.
“Para que la sociedad pueda crecer y desarrollarse necesita una fuente de energía confiable y barata. La transición energética pasa por elaborar soluciones cada vez más eficientes con ayuda de los minerales”, acotó
Según Mendoza, en la normativa ecuatoriana está claramente establecido dónde no se puede hacer minas, y eso se debe respetar. Pero, en el resto de los espacios no se puede prohibir la actividad porque significa que el país se quedaría atrás de la nueva economía que está surgiendo; además perdería recursos necesarios para salir de la crisis.
“Países como Australia han desarrollado tecnología para minimizar los riesgos. No se puede garantizar impacto cero. El mayor impacto ambiental actualmente está dado por la minería ilegal, aunque a veces se quiera poner todo en el mismo saco”, acotó.
El precio de los minerales ha estado subiendo en los últimos meses. Esa tendencia se mantendrá de cara a la transición energética. Según María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería, Ecuador debe decidir si aprovecha la oportunidad.
“Los metales son vitales para transportarnos, comunicarnos, para diagnósticos médicos, entre otros. Hay tecnología para minimizar el impacto ambiental; pero si no apuntalamos la actividad formal se disparará la informalidad porque hay buen negocio”, dijo. (JS)
La transición energética es cara
Para cumplir con las metas de cero emisiones de CO2 para 2050, todas las economías mundiales tienen que afrontar un alto costo en inversiones, gastos adicionales e incluso un encarecimiento de la producción y transporte.
La revista ‘Nature’ publicó la estimación de que, sin un cambio tecnológico profundo, la transición energética significaría una cuenta, solo en Estados Unidos, de más de $11.279 por persona y año hasta 2050.
Objetivos menos ambiciosos resultan mucho más asequibles. Así, recortar las emisiones un 20% apenas tendría un coste anual de $75 dólares por persona; y hacerlo en un 60%, de $1.913 por persona).
En países como Ecuador, el objetivo de reducir en 22,5% las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2025, como paso previo para descarbonizar en 2050, podría costar más de $250 por persona al año.
Por eso, se debe trabajar en mecanismo de financiamiento internacional como los bonos azules o fideicomisos de compensación para evitar estallidos sociales.
Esos estallidos han estado ligados a la eliminación del subsidio a los combustibles, a pesar de que, en ese caso, el impacto real en el costo de la vida es mucho menor.
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