La cuarta sala constitucional de la corte departamental de justicia de La Paz admitió una demanda colectiva contra cinco autoridades acusadas de permitir o alentar operaciones mineras destructivas en el parque nacional Madidi, ubicado en el occidente de Bolivia.
La demanda colectiva pide una pausa ecológica y el cese de las actividades extractivas que afectan el medio ambiente y los pueblos indígenas.
Madidi ocupa un área de 18.958 kilómetros cuadrados en la cuenca alta del río Amazonas y es parte de una de las áreas protegidas más grandes del mundo junto con la cercana reserva nacional de vida silvestre Manuripi-Heath, el área natural de manejo integrado de Apolobamba y, al otro lado de la frontera peruana , la reserva de la biosfera del Manu.
Madidi y sus vecinos son reconocidos como una de las regiones biológicamente más diversas de la tierra.
Según la senadora boliviana Cecilia Requena, una de las personas involucradas en la demanda colectiva, la reserva ha sido invadida por mineros ilegales, madereros indiscriminados e incluso narcotraficantes.
Hablando a los medios de comunicación locales, Requena mostró el documento presentado ante el juzgado, que culpa al ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz; el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Teodoro Mamani; el Ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio; a la directora del Organismo Jurisdiccional Administrativo Minero (Ajam), Carmen López, y al gobernador de La Paz, Santos Quispe, por permitir la destrucción del parque.
La primera audiencia en la que los demandantes presentarán su caso se ha fijado para el 29 de julio de 2022.
En detalle, la demanda colectiva exige la remoción del área protegida de asentamientos mineros ilegales, cooperativas mineras y grupos irregulares y armados que crean o mantienen zonas de conflicto, donde ocurren violaciones a los derechos humanos y fundamentales.
También exige el cese de la concesión de derechos mineros que den lugar a la explotación de minerales en zonas de protección especial.
El pedido legal también exige el cese de cualquier acción o actividad que altere el curso natural de los ríos de la región y/o provoque la contaminación por mercurio. Los demandantes dicen que tales operaciones ponen en peligro el equilibrio ecológico del área natural de manejo integrado del parque nacional Madidi y la salud de los pueblos indígenas que allí habitan.
Durante su conferencia de prensa, la senadora Requena dijo que, dado que el tribunal admitió la demanda colectiva sin hacer observaciones, es optimista de que declarará una pausa ecológica en Madidi como medida cautelar para evitar una mayor destrucción del parque nacional.
