La semana pasada hubo revuelo en 10 municipios de Caldas debido al anuncio de unas audiencias públicas que se realizarían a partir de ayer en esas poblaciones, para informar acerca de la entrega de títulos mineros a empresas exploradoras y explotadoras de diversos metales, los cuales están alojados en el subsuelo de amplias zonas del departamento. La gran preocupación se basó en los posibles problemas de orden público que se presentarían, abriendo el debate acerca de la minería responsable debido a que había muchos interesados en participar y poco espacio para poder asistir a las reuniones.
La Agencia Nacional de Minería (ANM), con sensatez, suspendió esas reuniones de manera temporal, mientras están dadas las condiciones para que haya un espacio amplio para la socialización de esos proyectos y que las comunidades puedan resolver todas las preguntas que tengan acerca de estas posibilidades. Así, las cosas, los habitantes de Aranzazu, Salamina, Pácora, Riosucio, Supía, Marmato, La Merced, Filadelfia, Samaná y Norcasia pueden esperar que las nuevas citaciones cuenten con las condiciones necesarias para unas audiencias exitosas.
Hay que partir del principio de que la minería no es mala por sí misma. Con un buen manejo los efectos negativos pueden mitigarse y, por el contrario, lograr beneficios que bien administrados pueden generar bienestar a los pobladores de una zona determinada. Lo que debe buscarse es que se haga con mucha responsabilidad, que se aseguren todos los procedimientos técnicos que eviten daños al medioambiente, y que los recursos hídricos no se afecten negativamente.
Es necesario entender, además, que la Constitución Política deja en manos de la Nación las decisiones acerca de la explotación de los recursos del subsuelo del territorio colombiano, y que frente a este tipo de actividad económica los alcaldes y los gobernadores tienen poco margen de maniobra, y no pueden comprometerse a permitir o no que haya minería en algún lugar de un municipio o un departamento. Son las comunidades las que, con la información necesaria, puede opinar acerca de estos proyectos y lograr que los beneficios sean más que los posibles efectos adversos.
Le compete al Ministerio de Minas hacer todo lo posible para que haya claridad alrededor de lo que puede ocurrir en estos municipios, y garantizar que tanto en las tareas de exploración y eventual explotación minera se ejecuten todos los procedimientos pertinentes que aseguren los mejores resultados, no solo para quien desarrolla la tarea extractiva, sino para los municipios, el departamento y la Nación. Hay que ser muy exigentes en esta materia, y valorar de manera muy seria la relación costo-beneficio de cualquier decisión que se tome.
No puede negarse que la minería en nuestra región, como en el resto del país, tiene graves problemas de informalidad, lo que también tiene efectos en la seguridad industrial, que infortunadamente se traduce en numerosos accidentes y muertes de mineros en su trabajo. Esos son asuntos que no pueden ser mirados de soslayo en las decisiones que se asuman en el futuro frente a estas posibles concesiones mineras.
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